Tras la polémica generada en el pago de derecho de piso en el paso del gasoducto Cuxtal II a cargo de la empresa Energía Mayakán, y tras la solicitud de un grupo de ejidatarios que superan el 25 por ciento del padrón que exige la ley, la Procuraduría Agraria (PA) emitió la convocatoria oficial para remover a todos los integrantes del comisariado, encabezado por Casimiro May Canché.
Los ejidatarios están inconformes con la distribución de recursos que se obtuvieron por el gasoducto de la empresa Mayakán y acusaron a la actual directiva del comisariado de realizar malos manejos, motivo por el cual en meses pasados reunieron firmas para pedir la remoción.
De acuerdo con los inconformes, presuntamente el excomisario José de Jesús Pilar Pech May y el actual (Casimiro May) se habrían quedado con la mayoría del dinero, y a pesar de que han pedido cuentas claras, han recibido evasivas, lo que ha generado una molestia mayor.
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La primera convocatoria se llevará a cabo el próximo viernes 17 de octubre al mediodía en la Casa Ejidal del municipio en donde se le respetará el derecho de audiencia a los todavía integrantes del comisariado.
Alfonso Baas, asesor legal y ejidatario inconforme, adelantó que en esa misma fecha se pegaría la segunda convocatoria para la siguiente asamblea, que estaría programada para el domingo 26 de octubre a las 10:00 horas, donde se podrá votar si el actual comisario se queda en el cargo o es destituido.
“Ese día se va a someter primero a votación la remoción del comisario, para ver si están de acuerdo o no y una vez que se haga el conteo de los votos de este trámite, si la mayoría dice que sí entonces se hará elegirá a un nuevo dirigente que ocupe el puesto”, expresó Baas.
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El asesor legal recordó que el actual comisariado debería finalizar hasta mayo del 2027, por lo cual indicó que es importante que la gente asista y tome la decisión de si Casimiro May Canché continúa en el cargo o es removido.
Recordó que los motivos por los cuales el ejido de Tahmek promovió este recurso ante la PA fueron la malversación del fondo del ejido respecto al pago del contrato de usufructo por el gasoducto, realizar ventas de tierra de forma ilegal y por no realizar ninguna asamblea por más de seis meses como establece la ley agraria.