
Luego de que el mes pasado decenas de ejidatarios reunieran firmas con el objetivo de destituir al actual comisario ejidal, Casimiro May Canché, a quien acusan de malos manejos en el pago de derecho de piso y otras inconsistencias en la construcción del gasoducto Cuxtal II que pasa por la zona, ayer los quejosos viajaron a la ciudad de Mérida para una primera audiencia en relación con esta solicitud.
A bordo de dos autobuses que salieron desde esta población, ubicada a aproximadamente 40 kilómetros de la capital yucateca, cerca de 140 campesinos con derechos vigentes en el ejido se trasladaron hasta el Tribunal Unitario Agrario en su distrito 34, ubicado en la colonia Buenavista, para presenciar la primera audiencia contra la empresa y el comisario.
La acusación, de acuerdo con lo que recordaron los ejidatarios, se da por presuntas irregularidades en las actas de asamblea celebradas para la aprobación del contrato de usufructo para la construcción del citado gasoducto, pues a algunos de los hombres de campo se les pagó mucho menos de lo que por derecho les correspondía.
En la reunión de este domingo se nombró a un representante en común para que en la próxima audiencia no fuera necesario que todos los ejidatarios viajaran de nueva cuenta. Cabe mencionar que la fecha aún está por definirse.
“Se difirió la audiencia por la falta de ejidatarios que no pudieron estar presentes por cuestiones de salud. En la próxima fecha se desarrollará esta diligencia sin impedimento alguno y vamos a continuar con esta lucha hasta llegar a las últimas consecuencias”, fue lo que dijo Alfonso Abisaí Baas Moo, quien quedó como representante en común, a nombre de todos los campesinos que conforman el nutrido contingente.

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Hay que recordar que en el ejido de esta población existe cierto descontento con el actual comisario, a quien acusan de no efectuar los pagos al 100 por ciento por el derecho de uso de piso para la construcción del gasoducto Cuxtal II, y fue por ese motivo que todos los quejosos iniciaron una demanda desde hace unas semanas para buscar su destitución y convocar a nuevas elecciones.
Aunque el proceso legal puede durar varias semanas, los campesinos se muestran firmes hasta arreglar dicha situación, pues la parte quejosa aseguró que hay que aclarar todos los malos manejos en la aprobación de tal usufructo.