En el Poniente de Yucatán, en el municipio de Kinchil, un conflicto entre comunidades mayas, autoridades ambientales y una de las grandes empresas avícolas del país ha encendido las alarmas sobre la protección de territorios forestales, zonas arqueológicas y la aplicación efectiva de la ley ambiental.
Desde finales de 2025 y lo que va de enero de 2026, la empresa Productora Nacional de Huevo (CRÍO), dedicada a la producción industrial de huevo y pollo, ha sido acusada por pobladores y autoridades de continuar trabajos de ampliación en terrenos clausurados, violando sellos oficiales de suspensión y provocando daños ambientales y culturales de gravedad.
Tierra deforestada y sellos rasgados
A raíz de múltiples denuncias ciudadanas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó inspecciones en un predio atribuido a CRÍO en Kinchil y confirmó irregularidades que llevaron a la clausura temporal en noviembre de 2025. La causa central fue la remoción de aproximadamente 13.7 hectáreas de vegetación forestal sin la autorización correspondiente de cambio de uso de suelo, así como la preparación de terreno con maquinaria pesada para construir vialidades y futuras naves industriales.
No obstante, el pasado 9 de enero de 2026, la Profepa constató que la clausura no había sido respetada: las labores de movimiento de tierra continuaban con retroexcavadoras y bulldozers pese a los sellos de seguridad impuestos.
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En respuesta a estas irregularidades, la autoridad ambiental procedió al aseguramiento precautorio de maquinaria, aunque en una visita posterior se encontró uno de los vehículos sin sellos y reubicado, y la retroexcavadora había desaparecido del sitio.
Ante estos hallazgos, la Profepa amplió la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 13 de enero de 2026, con el objetivo de reforzar las acciones legales contra la empresa por incumplimiento reiterado de la clausura y manipulación indebida de bienes asegurados. La dependencia asegura que continuará con las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental.
La comunidad maya alza la voz
Para los habitantes organizados en el Consejo Comunitario de Kinchil por la Defensa del Territorio y Medio Ambiente, las acciones de Profepa e incluso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han sido insuficientes frente a lo que describen como un avance imparable de la empresa. Su líder, Federico May, ha sido una de las voces más activas en denunciar que la empresa avícola no solo ha vulnerado sellos de clausura, sino que ha continuado trabajos en terrenos cercanos a la antigua zona maya de Tzemé, y con claros impactos ambientales y culturales.
Según May y otros defensores del territorio, los trabajos de ampliación han superado las seis hectáreas de selva baja caducifolia, afectando no sólo la biodiversidad, sino también el modo de vida tradicional de quienes dependen de prácticas como la agricultura, apicultura y ganadería. La comunidad refiere que la expansión de la granja avícola ha afectado la dinámica de abejas y, por ende, la producción de miel, un producto emblemático de la región.
En una acción pacífica reciente, miembros del consejo visitaron la zona para impedir la operación de maquinaria pesada. Sólo tras su presencia llegó personal de Profepa para clausurar nuevamente los equipos. Sin embargo, la percepción comunitaria es de frustración: “Seguiremos tomando acciones legales para que todos los responsables rindan cuentas”, afirmó May, quien también exigió la destitución del director general del Centro INAH Yucatán por, a su juicio, tolerar la destrucción del patrimonio arqueológico.
Tzemé y sus restos prehispánicos
El sitio arqueológico de Tzemé, ubicado a menos de un kilómetro del área en disputa, está en medio de esta crisis. Diversos testimonios y reportes señalan que la empresa avícola ha avanzado con desmonte, apertura de caminos y movimientos de tierra sin estudios de campo ni delimitaciones claras de protección, en violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas. Esto ha provocado preocupación entre especialistas y comunidades locales, que consideran la devastación como un “ecocidio”, al destruir elementos del patrimonio cultural de generaciones pasadas.
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Según estudios arqueológicos e investigaciones basadas en las estructuras preservadas en el terreno, Tzemé fue un importante asentamiento prehispánico que se ocupó desde el periodo preclásico tardío hasta la época colonial.
Durante su apogeo, en el periodo clásico de la civilización maya, se estima que esta antigua ciudad llegó a albergar más de 10 mil habitantes, cifra que supera incluso a la población actual del municipio de Kinchil.
La extensión del sitio incluye estructuras ceremoniales como plataformas y varios basamentos piramidales que, ocultos por siglos bajo la selva, dan cuenta de su importancia como centro de poder regional, comercial y ceremonial en el poniente de la península.
Sitio con vestigios católicos
Durante la época de la conquista, Tzemé mantuvo su relevancia geográfica e incluso fue la sede de una misión católica: alrededor de 1565 se edificó una capilla colonial sobre uno de los conjuntos centrales del asentamiento, integrado a su centro ceremonial. Hacia el siglo XVIII, sus habitantes se trasladaron al actual poblado de Kinchil y el sitio quedó entre la vegetación, sin ser declarado una zona arqueológica abierta al público, pese a su valor cultural.
El sitio arqueológico está integrado por un Grupo A, considerado su núcleo ceremonial, donde se encuentran las principales estructuras de piedra tallada y plataformas que sirvieron como puntos de reunión y culto. Aunque muchas edificaciones se construyeron en parte con materiales perecederos como madera o palma –propios de la arquitectura maya tradicional– aún se conservan las bases de piedra que eran soporte de templos y espacios rituales.
Investigadores locales y grupos comunitarios han remarcado que la extensión de Tzemé sugiere que fue un centro de comercio y conectividad con otros asentamientos del norte de Yucatán, incluyendo rutas hacia la región de Campeche y el estuario de Celestún, lo que lo sitúa como un punto clave en la red económica y cultural maya.
Casos similares y preocupación regional
Pese a este peso histórico y cultural, en octubre y noviembre de 2025 parte del terreno arqueológico fue devastado en el contexto de los trabajos de ampliación de la granja avícola a cargo de CRÍO. Comunidades y activistas han documentado la desaparición de vegetación selvática, la apertura de caminos y la destrucción de al menos tres estructuras arqueológicas y un pozo indígena, mientras que otras secciones del sitio han quedado expuestas al riesgo directo por la proximidad de la maquinaria pesada.
Uno de los problemas más señalados por los defensores del patrimonio es que Tzemé no ha sido declarado formalmente como zona arqueológica abierta al público ni administrada directamente por el INAH, lo que ha dejado al sitio en una especie de limbo jurídico donde puede ser explotado o intervenido sin las salvaguardas que sí protegen a centros más conocidos como Chichén Itzá o Uxmal.
Para las comunidades mayas de la región, el sitio arqueológico de Tzemé no es solamente un conjunto de ruinas en la selva: representa identidad, memoria histórica y un vínculo tangible con sus ancestros. Su posible pérdida o degradación irreversible es vista como un ecocidio cultural, así como una señal de que la protección de la herencia prehispánica –esencial para la memoria colectiva y el desarrollo turístico y educativo– está en riesgo frente a intereses económicos
El conflicto en Kinchil no es un caso aislado en Yucatán. En otras zonas, como en Ixil con desarrollos inmobiliarios y mega proyectos, comunidades han denunciado continuos daños ambientales pese a clausuras oficiales, argumentando que las autoridades colocan sellos pero no hacen cumplir efectivamente las medidas, lo que permite que las obras continúen con consecuencias graves para los terrenos forestales y ecosistemas vecinos.
