Yucatán, un estado que, pese a sus premios de seguridad y sus listas de ciudades más habitables del país, acumula desde hace años una estadística que incomoda: tiene la tasa de suicidios más alta de México, y nadie termina de explicarlo del todo.
La noticia más reciente llegó la smana pasada con un matiz que podría leerse como alivio, si uno no conoce el contexto. La Secretaría de Salud de Yucatán informó que durante el 2025 se registraron 325 suicidios en el estado –la cifra más baja de los últimos cuatro años–, seis menos que los 331 del 2024. Una reducción de apenas el 1.81 por ciento. Un descenso real, pero insuficiente para hablar de un punto de inflexión en una tendencia que lleva años sin doblarse.
Porque la paradoja sigue intacta: Yucatán, el estado más tranquilo del país en materia de violencia criminal, es también el que más muertes autoinfligidas registra por cada 100,000 habitantes.
Cuatro años por encima de 300: la barrera que no se rompe
Para entender el peso de los 325 casos del 2025, hay que ubicarlos en su historia. Desde el 2021, cuando se reportaron 340, Yucatán ha mantenido cifras históricamente altas, alcanzando su máximo en el 2022 con 366 decesos; en el 2024 se registraron 331 suicidios, una ligera disminución respecto a los 341 del 2023.
Cuatro años consecutivos por encima de 300. Una barrera que no se había cruzado nunca antes en la historia registrada del estado, y que desde el 2021 se ha convertido en el nuevo piso –no el techo– de esta crisis.
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La perspectiva histórica lo hace aún más nítido: en 1994, cuando el Inegi comenzó a documentar estas muertes de forma sistemática, Yucatán registró 67 casos. Treinta años después, la cifra casi se quintuplica, aunque la población apenas se ha duplicado. No es sólo un problema que creció: también se aceleró.
Yucatán alcanzó por tercera vez desde el 2014 el primer lugar nacional en suicidios, superando al estado de Chihuahua, según datos del Inegi en sus Estadísticas de Defunciones Registradas del 2024. En los años en que la entidad encabezó la estadística –2018, 2022 y 2024– prácticamente duplicó la tasa nacional.
En esos años, uno de cada tres fallecimientos violentos en el estado fue un suicidio. No un homicidio, no un accidente de tránsito: una persona que decidió quitarse la vida.
Mérida, el centro del mapa más oscuro
De los 325 casos registrados en el 2025, 181 ocurrieron en colonias, fraccionamientos y comisarías del municipio de Mérida. La capital concentró el 55.7 por ciento de las muertes. Los 144 restantes se distribuyeron en 45 municipios del interior, con incidencia destacada en Progreso, Umán, Kanasín, Valladolid, Tizimín, Tekax y Ticul. No hay rincón del estado ajeno a este fenómeno: en los registros de años recientes, al menos 43 municipios han resentido el impacto de esta ola de muertes.
La geografía del suicidio en Yucatán no distingue entre lo urbano y lo rural, entre la pobreza y la clase media, entre la costa y el interior. Lo que sí distingue, con una contundencia estadística que no cambia con los años, es el género.
El silencio de los hombres: la variable persistente
De los 325 fallecidos en el 2025, 281 fueron hombres ( 86.46 por ciento) y 44 mujeres. Esa proporción no es nueva ni exclusiva de Yucatán, pero en el estado se mantiene con una constancia que habla de algo más profundo que la estadística. Los años con mayor número de fallecimientos masculinos en Yucatán fueron 2022, con 305 casos; 2023, con 285, y 2024, con 283.
Los hombres mueren más por suicidio en todo el mundo, y los especialistas coinciden en las razones: una cultura que sanciona la expresión emocional masculina, la dificultad de pedir ayuda, el peso del rol de proveedor en contextos de presión económica, el acceso a métodos más letales.
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En Yucatán, ese patrón se amplifica. Según los registros obtenidos vía transparencia, en los últimos años el 80 por ciento de los casos de suicidio se concentran en los hombres, porque ellos presentan mayor dificultad para expresar emociones y buscar ayuda médica.
Hay otro dato que enciende alarmas específicas sobre las nuevas generaciones. En los últimos cinco años, los suicidios en jóvenes menores de 30 años han aumentado de manera notoria: en 2018 se documentaron 78 casos en ese rango de edad; en 2021 subieron a 143. Yucatán figura entre las entidades con mayores tasas de suicidio en personas de 15 a 29 años del país.
Los adolescentes que entraron a la pandemia (de COVID-19) con 12 o 13 años y salieron con una salud mental fracturada son hoy jóvenes adultos que el sistema no siempre sabe cómo contener.
La paradoja sin resolver
Aquí está el nudo que lleva años desconcertando a investigadores, psicólogos y autoridades: Yucatán ocupa consistentemente los primeros lugares nacionales en percepción de bienestar y seguridad. Es, en el imaginario colectivo y en muchas métricas objetivas, un estado que funciona.
Sin embargo, pese a que las encuestas nacionales han ubicado al estado entre los primeros lugares de felicidad y bienestar, la realidad demuestra que existe un porcentaje cada vez mayor de habitantes que decide poner fin a su existencia.
Los expertos sugieren que parte de la respuesta está, precisamente, en esa presión cultural de aparentar bienestar. Una sociedad que premia la alegría y estigmatiza el dolor psicológico construye silencio alrededor del sufrimiento. Ese silencio no cura: acumula.
El Centro Integral de Salud Mental (Cisame) reportó un incremento de 183 por ciento en los casos de depresión atendidos, al pasar de 2,577 en el 2022 a 7,305 en el 2023, junto con un aumento en el consumo de medicamentos para tratar ansiedad y depresión. No es que haya más depresión: es que más personas se atreven –o pueden– a buscar ayuda. Lo preocupante es cuántos todavía no lo hacen.
Y hay una tensión institucional que agrava el panorama. La Ley de Salud Mental establece que la atención a los trastornos mentales debe recibir el 7 por ciento del presupuesto total de Salud; sin embargo, en el 2023 se ejerció poco más de la mitad de esa proporción, cerca del 3.9 por ciento. Las leyes se aprueban; los recursos no siempre las acompañan.
Lo que se hace y lo que falta
El gobierno estatal no ha ignorado el problema. Desde el 2022 opera la estrategia Aliados por la Vida, con línea de crisis disponible las 24 horas, el sistema Código 100 para seguimiento a sobrevivientes de intentos, brigadas comunitarias y tamizaje de riesgo. El DIF Yucatán ha impulsado capacitaciones a servidores públicos en primeros auxilios emocionales, identificación de factores de riesgo e intervención en crisis, bajo el argumento de que “la prevención es como una vacuna: puede parecer que no tiene efectos inmediatos, pero es clave para evitar tragedias”.
La ligera baja del 2025 podría ser la primera señal de que algo empieza a funcionar. O podría ser variación estadística dentro de una tendencia que aún no quiebra. La diferencia entre esas dos lecturas la darán los próximos años.
Lo que sí es claro es que los 325 casos del 2025 no son un número abstracto. Son 325 familias que recibieron la peor noticia posible. Son 325 historias que comenzaron con algo –soledad, dolor, una crisis que no encontró salida, un momento en que nadie supo ver la señal– y terminaron de la peor manera. Y son, también, el recordatorio de que detrás de la ciudad más bonita del Sureste, hay un problema de salud pública que todavía no tiene respuesta a la altura de su urgencia.
