Hay una piedra con forma de pirámide perdida en la selva del Sur peninsular. La mandó colocar un ingeniero en 1922 siguiendo un trazo que, a su vez, ordenó Porfirio Díaz en 1902 cuando creó el Territorio de Quintana Roo. Nadie lo hizo bien. Nadie se puso de acuerdo. Y más de un siglo después, esa imprecisión fundacional tiene a tres estados peleando por 10 mil kilómetros cuadrados de selva, a más de 150 comunidades sin gobierno claro, y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el expediente más explosivo en la historia reciente del Sureste mexicano sobre el escritorio de una sola ministra.
La coordenada en disputa se llama Punto Put: Punto de Unión Territorial, aunque en maya “put” también significa papaya. Tres estados no se ponen de acuerdo ni en cómo llamarlo: Quintana Roo dice “Punto Put”; Campeche, “Rancho Put”; Yucatán, con olímpica imprecisión, lo llama “un lugar cerca de Put”. Esa ambigüedad semántica resume perfectamente el problema jurídico que hoy está en su recta final ante la SCJN.
El error que vale una parte de Q.Roo
Con Campeche, Quintana Roo tiene en litigio alrededor de seis mil kilómetros cuadrados de territorio donde se asienta el municipio de Calakmul; sumado el conflicto con Yucatán, la extensión peleada asciende a 10 mil kilómetros cuadrados, equivalentes al 20% del territorio quintanarroense.
No es un dato menor: en esa franja está la Reserva de la Biosfera de Calakmul, inscrita en 2014 como Bien Mixto Cultural y Natural en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, considerada la segunda mayor extensión de bosques tropicales en América, con jaguares, tapires y más de 350 especies de aves. El que gane el litigio hereda también ese patrimonio.
El origen del desastre jurídico es añejo. El marcador del Punto Put fue designado en 1902, durante la creación del Territorio de Quintana Roo bajo el gobierno de Porfirio Díaz, con coordenadas aproximadas en el meridiano 89° oeste y el paralelo 19° norte. La falta de una demarcación precisa ha sido el origen de décadas de disputas. El trazo fue realizado por el ingeniero Manuel Medina del Instituto de Geografía y ratificado por los congresos estatales de Campeche y Yucatán en 1922.
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Problema: los representantes de las entidades aceptaron una localización que años después se acusó de haberse hecho de manera arbitraria, sin respetar los decretos constitucionales originales.
La mecha moderna la encendió la creación del municipio de Calakmul, Campeche, en 1996. Quintana Roo, que había apostado todo al Caribe turístico y dado la espalda a su patio trasero selvático, reaccionó y llevó el caso a la Corte. Lo que siguió es un catálogo de omisiones institucionales digno de un tratado sobre cómo no resolver un conflicto: en 2005 una reforma constitucional pasó la facultad de analizar conflictos territoriales al Senado de la República, que mandó el tema a la congeladora y nunca atendió el asunto; los expedientes iniciados en 1997 tampoco fueron devueltos al Poder Judicial.
La omisión que dejó fuera a Campeche
En 2019, Quintana Roo jugó una carta calculada: reformó su Constitución para fijar sus coordenadas territoriales, sabiendo que eso detonaría impugnaciones. La apuesta era que Campeche, con quien la disputa es más profunda, respondiera. Campeche no lo hizo a tiempo. La Suprema Corte confirmó que Campeche quedó fuera del litigio luego de no presentar en tiempo y forma su controversia constitucional, lo que podría significar la pérdida de más de seis mil kilómetros cuadrados de selva.
Yucatán sí entró e impugnó, abriendo la Controversia Constitucional 226/2019. El último acuerdo del caso fue emitido el 22 de septiembre de 2025, cuando el expediente pasó a manos de la ministra María Estela Ríos González tras el cese del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Hoy el proceso está en la etapa de cierre de instrucción. Solo falta la sentencia.
Pero hay otro camino abierto en paralelo. Los gobernadores Joaquín Díaz Mena, de Yucatán; Mara Lezama, de Quintana Roo; y Layda Sansores, de Campeche, podrían resolver el diferendo a través de un convenio amistoso, sin necesidad de esperar el fallo judicial. Los tres comparten filiación política, lo que, al menos en teoría, facilita el diálogo. Que ese acuerdo llegue antes que la sentencia es la incógnita que nadie sabe responder.
Entre tanto, la gente
Mientras los abogados alegan y los gobernadores platican, en la franja en disputa viven familias que llegaron de Veracruz, Chiapas y Tabasco atraídas por la promesa de tierra, y que hoy no saben con certeza a qué gobierno pertenecen. En San Antonio Soda el pozo lo perforó Quintana Roo, pero el centro de salud —sin médico— lo opera Campeche. En Cerro de las Flores la escuela la construyó un estado y el centro comunitario, el otro, sin que la suma dé para tener luz estable o internet. En Civalito, uno de los últimos poblados antes de la línea con Belice, hay una base militar y hasta restaurantes; diez kilómetros atrás, nada.
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El área en controversia abarca unos 20 kilómetros de ancho por 120 kilómetros de largo, rica en recursos forestales, chicle y agua, pero sin servicios básicos. Más de 150 comunidades viven sin límites claros ni atención plena de ningún gobierno. La carretera cruza la frontera invisible sin aviso: el coche entra y sale de un estado a otro sin que nadie en el asiento de copiloto lo note, pero quienes viven ahí llevan décadas pagando esa invisibilidad con agua contaminada, caminos de tierra y clínicas vacías.
Si la Corte emite su fallo, los presupuestos estatales se redistribuirán: los estados ganadores absorberán costos de nuevos servicios, mientras los perdedores dejarán de percibir ingresos por recursos naturales como maderas preciosas y chicle. Los mapas del Inegi tendrán que rehacerse. Comunidades enteras cambiarán de gobierno de un día para otro.
Una piedra piramidal en medio de la selva, colocada hace más de cien años con las mediciones del porfiriato, tiene el poder de rediseñar el mapa del Sureste. La ministra Ríos ya tiene el expediente. Las comunidades llevan décadas esperando. Y los gobernadores lo siguen platicando.
