La devastación ambiental volvió a encender las alarmas en Yucatán. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ordenó la clausura total temporal de un proyecto de infraestructura turística en el municipio de Abalá, luego de detectar graves afectaciones en un ecosistema de selva mediana caducifolia y un cenote.
La superficie dañada alcanza los 10 mil 750 metros cuadrados, equivalentes a más de una hectárea de terreno natural arrasado. De acuerdo con la inspección realizada tras una denuncia ciudadana, en el sitio ya se habían abierto caminos de acceso, realizado excavaciones profundas y perforado un cenote, además de trabajos entre dos puntos que presuntamente buscaban conectarse mediante un canal con posible función de río subterráneo.
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Las obras se ejecutaban sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo en terreno forestal emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, requisito indispensable para cualquier intervención en zonas naturales protegidas o ecosistemas sensibles.
Entre la vegetación afectada se encuentran especies emblemáticas de la selva yucateca como la chaca, tzalam, jabín y dzidzilché, cuya remoción representa una pérdida directa para la biodiversidad local. Expertos advierten que la destrucción de este tipo de vegetación no sólo implica la desaparición de árboles, sino también la alteración de refugios naturales para aves, reptiles, insectos y otras especies que dependen de estos ecosistemas.
Uno de los puntos más delicados del caso es la intervención sobre el cenote, ya que estos cuerpos de agua forman parte de una red subterránea frágil y esencial para el equilibrio ambiental de la Península de Yucatán. La perforación, excavación o conexión artificial de cenotes puede generar daños irreversibles, contaminar mantos acuíferos y modificar el flujo natural del agua subterránea.
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Durante la diligencia, los inspectores colocaron sellos de clausura y levantaron el acta correspondiente. La persona que atendió la visita se identificó únicamente como operador de maquinaria de la empresa constructora y aseguró no tener facultades para recibir ni firmar la orden de inspección.
Este caso se suma a una creciente lista de obras clausuradas en Yucatán por desmontes ilegales, destrucción de selva y afectaciones a humedales, manglares y cenotes, lo que ha generado preocupación entre ambientalistas por el avance de desarrollos turísticos sin control en ecosistemas altamente vulnerables.
