Bajo advertencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por daños al medio ambiente y a la salud en comunidades mayas, el Gobierno de Yucatán puso en marcha un monitoreo científico del agua para identificar las fuentes de contaminación en cenotes, pozos y acuíferos, al tiempo que endureció su postura: no se permitirán nuevas granjas porcícolas en la entidad.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, confirmó que ya se ejecuta el convenio firmado con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuyo eje central es implementar un protocolo técnico para determinar con precisión los contaminantes y sus orígenes.
“Se está trabajando en el protocolo para establecer el monitoreo de la calidad del agua para determinar cuáles son los contaminantes… Las supervisiones se están haciendo con Profepa y estamos revisando todos los estudios de impacto ambiental”, declaró.
Cero expansión
En un contexto marcado por señalamientos a la industria porcícola, la funcionaria fue categórica: “No se están permitiendo nuevas granjas, no se está permitiendo la expansión de ninguna granja”.
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Precisó que las acciones actuales se concentran en la reconversión de las unidades existentes para mejorar sus sistemas de tratamiento de aguas residuales y cumplir con la normativa ambiental vigente.
Estas medidas se dan tras las observaciones del relator especial de la ONU, Marcos Orellana, quien alertó sobre afectaciones graves en territorios indígenas y recomendó declarar una emergencia socioambiental en la Península de Yucatán. En la entidad operan más de 500 granjas porcícolas, muchas sin autorización ambiental ni consulta previa a comunidades indígenas, lo que intensifica el conflicto territorial y ambiental.
Organizaciones civiles y pueblos mayas han exigido una declaratoria de emergencia y la suspensión de proyectos agroindustriales.
El acuerdo institucional, vigente hasta 2030, contempla: monitoreo permanente de acuíferos, inspecciones ambientales a actividades productivas, evaluación de impacto climático y la implementación de un “semáforo hídrico” con actualización semestral. La información permitirá identificar patrones de contaminación en un sistema subterráneo altamente vulnerable.
Silva Rosado subrayó que la contaminación del agua no responde a una sola causa. “No sólo es por el tema porcícola; también tiene que ver con descargas urbanas, pozos que se usan como vertederos y deficiencias en el tratamiento de aguas residuales”, explicó.
En ese sentido, enfatizó la necesidad de que los ayuntamientos se involucren en las acciones de saneamiento.
Plaguicidas y daño a la apicultura
Otro frente crítico es el uso de agroquímicos. La funcionaria informó que se trabaja con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para establecer controles más estrictos, ante denuncias por fumigaciones –incluso con drones– que han provocado la muerte masiva de abejas.
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“El año pasado se volvió a instalar un grupo de manejo de tóxicos peligrosos… estamos definiendo qué acciones tomar”, indicó. Como parte de estas medidas, se solicitó a productores registrar sus colmenas para ubicar zonas sensibles.
Rezagos y presión social
La secretaria reconoció que persisten retos en la regulación, especialmente por la falta de registro de pequeños productores, lo que limita la supervisión efectiva.
Mientras tanto, comunidades mayas y organizaciones civiles mantienen denuncias por contaminación de agua, afectaciones a la salud y daños ambientales.
Un estudio respaldado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que el 100 por ciento de las muestras de agua en cenotes y pozos presenta coliformes fecales, lo que intensifica la presión sobre las autoridades.
El Gobierno apuesta por la ciencia, la coordinación institucional y el endurecimiento de regulaciones para atender una problemática compleja.
Sin embargo, en el territorio, la exigencia es inmediata. Mientras avanzan los monitoreos y diagnósticos, en comunidades como Santa María Chí la demanda es clara: acceso a agua limpia y garantías de que la contaminación no continuará.
El desafío ya no es sólo identificar el problema; sino demostrar que puede resolverse.
