Los megaproyectos solares Ticul A y Ticul B, previstos para los municipios de Muna, Sacalum y Ticul, quedaron cancelados de manera definitiva luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejara sin efectos sus autorizaciones ambientales en cumplimiento de una sentencia obtenida por comunidades mayas de la región, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
El anuncio fue dado a conocer por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, organismo que destacó que la decisión representa un precedente nacional en materia de transición energética y protección de los derechos colectivos de las comunidades indígenas.
De acuerdo con la organización, ambos proyectos contemplaban la instalación de un millón 183 mil 500 paneles solares y la remoción de aproximadamente 603 hectáreas de selva media para la generación de cerca de 299 megawatts de energía.
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Los parques estaban divididos en dos desarrollos: Ticul A, con una capacidad prevista de 195 megawatts, y Ticul B, con 103.5 megawatts.
Afectaciones identificadas
El Cemda señaló que la evaluación ambiental de los proyectos se realizó de forma separada, lo que, a su juicio, fragmentó el análisis de los impactos acumulativos que tendrían sobre el territorio, las comunidades y los ecosistemas de la región.
Entre las afectaciones identificadas se encontraban daños a los servicios ambientales que proporciona la selva media, afectaciones a especies de flora y fauna protegidas y alteraciones en los procesos de polinización realizados por abejas y murciélagos, fundamentales para el equilibrio ecológico y diversas actividades productivas en la entidad.
Asimismo, se advirtió sobre posibles dificultades en el acceso al agua, afectaciones en la recarga del acuífero, aumento de la temperatura local, generación de residuos peligrosos e incremento de la vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos como los huracanes.
También se señalaron restricciones en el acceso al territorio y posibles pérdidas de elementos culturales y paisajísticos vinculados con las comunidades mayas de la zona.
Siete años de litigio
La oposición a los proyectos comenzó en el 2019, cuando habitantes de las comunidades mayas de San José Tipceh, en Muna, y Plancha Chac, en Sacalum, promovieron una demanda de amparo para impedir el inicio de las obras.
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La movilización comunitaria logró frenar el desarrollo de los proyectos y, en el 2023, un Tribunal Colegiado concedió la suspensión definitiva de los efectos de los permisos otorgados. Posteriormente, en noviembre del 2025, el mismo órgano jurisdiccional emitió una sentencia definitiva que amparó y protegió a las comunidades mayas, ordenando a la autoridad ambiental dejar sin efectos las autorizaciones correspondientes.
Como parte del cumplimiento de esa resolución, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) notificó el pasado 14 de abril la emisión de diversas resoluciones administrativas mediante las cuales quedaron sin efectos las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo de ambos megaproyectos.
El caso adquiere relevancia en un estado que se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales polos de desarrollo de energías renovables del país, con nuevos proyectos fotovoltaicos que continúan en evaluación y autorización.
Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles han insistido en que el impulso a las energías limpias debe acompañarse de procesos de evaluación ambiental integrales y del respeto a los derechos de las comunidades que habitan en las áreas donde se pretende desarrollar la infraestructura energética.
Para el Cemda, la resolución judicial marca un precedente importante al establecer que la transición hacia fuentes renovables de energía no puede realizarse a costa de la degradación ambiental ni de los derechos colectivos de los pueblos originarios, sino que debe incorporar de manera efectiva la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre proyectos de esta naturaleza.
