La desaceleración económica ya se refleja en las finanzas del Ayuntamiento de Mérida: la recaudación del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) registra una disminución derivada de una menor actividad en la compraventa de propiedades, informó la directora de Finanzas y Tesorería, Marisol Cen Caamal.
El fenómeno ocurre justo cuando el Gobierno del Estado comienza a entregar las primeras licencias oficiales para asesores inmobiliarios, en un intento por profesionalizar y dar mayor certeza jurídica a un sector que hasta ahora operaba con escasa regulación.
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Cen Caamal explicó que el ISAI depende directamente del comportamiento del mercado inmobiliario, por lo que su recaudación escapa al control de la administración municipal. La funcionaria vinculó la caída del gravamen con la desaceleración económica general, que también está frenando la compraventa de inmuebles en la ciudad.
A diferencia del ISAI, dijo, el impuesto predial mantiene un comportamiento estable y acorde con las proyecciones financieras del Ayuntamiento para este año.
De acuerdo con el corte más reciente, el municipio ha recaudado 973 millones 824 mil 760 pesos por concepto de predial, cifra que representa alrededor del 75% de la meta anual, fijada en mil 300 millones de pesos.
La funcionaria manifestó confianza en alcanzar el objetivo antes de que concluya el ejercicio fiscal, al recordar que la captación del predial tiene un comportamiento cíclico: se concentra en los primeros meses del año gracias a los descuentos por pronto pago, baja después, y vuelve a repuntar durante la campaña del Buen Fin, cuando los contribuyentes aprovechan los estímulos en recargos para ponerse al día. Pese al menor ingreso por ISAI, la funcionaria reiteró que las finanzas municipales mantienen un comportamiento sano.
Nuevas licencias para ordenar el mercado
En paralelo, el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) inició la entrega de las primeras 130 licencias oficiales para asesores inmobiliarios, como parte de la implementación del Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios.
El mecanismo busca identificar a los intermediarios que cumplen con los requisitos legales y la capacitación necesaria, y reducir así los fraudes en las operaciones de bienes raíces.
El padrón estatal está integrado actualmente por 1,272 personas inscritas en la plataforma digital del instituto. De ellas, 638 concluyeron la primera fase de capacitación de 10 horas impartida por el Insejupy, pero sólo 130 han cumplido con la totalidad de los requisitos –50 horas de capacitación en total– para obtener la licencia oficial.
Las acreditaciones, conocidas como licencia tipo A, tienen una vigencia de cinco años y se emiten mediante un proceso digital que incluye captura de datos biométricos y entrega de credencial física y digital.
La directora general del Insejupy, Dalia Isela Piña Alberto, señaló que el objetivo es fortalecer la protección del patrimonio familiar y brindar mayor confianza a inversionistas y compradores en el mercado inmobiliario yucateco.
Regulación en momento de enfriamiento
El contraste entre ambas noticias resulta significativo para el sector inmobiliario yucateco. Mientras el Ayuntamiento de Mérida documenta una menor actividad de compraventa –reflejada en la caída del ISAI– el Gobierno del Estado impulsa un mecanismo de regulación diseñado para un mercado que hasta hace poco crecía de forma sostenida.
La profesionalización de los asesores inmobiliarios no depende del volumen de operaciones en el corto plazo, sino de la solidez institucional del sector. Sin embargo, la desaceleración detectada por la Tesorería municipal ofrece un contexto relevante para dimensionar el momento en que arranca el nuevo Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios: una etapa de menor dinamismo en las operaciones, pero de mayor exigencia regulatoria.
Para el Ayuntamiento de Mérida, el reto inmediato es sostener la meta de recaudación del predial pese al bache del ISAI. Para el Insejupy, es ampliar con rapidez la base de asesores licenciados –de los 1,272 registrados, sólo 130 tienen licencia vigente– antes de que la obligatoriedad de la certificación se convierta en un cuello de botella para un mercado que, aun desacelerado, sigue moviendo cientos de millones de pesos cada año en la capital yucateca.
