El agua de los pozos tradicionales de varios municipios de la Península de Yucatán ya no es apta para beber. Las familias han tenido que sustituirla por agua embotellada, pero ni siquiera esa opción está libre de riesgo. Estudios citados en el informe que Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas, presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre, encontraron glifosato y otros plaguicidas también en el agua que se vende embotellada.
El hallazgo forma parte del mismo documento que semanas atrás expuso la situación de las granjas porcícolas en Yucatán, y que ahora dedica un apartado a las comunidades apícolas de Campeche, golpeadas por la muerte masiva de abejas y por una carga de agrotóxicos que, según el Relator, ya se detecta fuera de los campos agrícolas: en las costas del sur del país, en el golfo de México y hasta en especies marinas. “Existen estudios que demuestran que incluso el agua embotellada contiene glifosato y otros plaguicidas”, según documenta el informe del Relator Especial de la ONU que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos entre el 7 de septiembre y el 9 de octubre, tras una visita oficial a México que incluyó una parada en territorio yucateco del 9 al 20 de marzo de este año.
El agua ya no es pura
El informe atribuye la mortandad de abejas en la región a una combinación de glifosato, fipronil y neonicotinoides, agravada por la práctica del monocultivo, que degrada el suelo y aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas.
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Esa combinación de sustancias no se queda en los campos: contamina los mantos que abastecen a comunidades enteras, obligándolas a depender de agua comprada, y ese gasto adicional recae sobre familias que, en muchos casos, viven de la propia actividad apícola que los agroquímicos están destruyendo. Para las comunidades, la contaminación del agua no es un dato abstracto sino una carga diaria y económica que se suma a la pérdida directa de sus colmenas, su principal fuente de sustento y una práctica con profundo arraigo cultural en la región maya. El propio informe reconoce que ese impacto va más allá de lo material: habla explícitamente de un costo emocional para las comunidades apicultoras
Lo que no se mide
Uno de los señalamientos más duros del Relator es la ausencia de datos oficiales sobre las enfermedades asociadas a los plaguicidas y la falta de un monitoreo constante por parte de la Secretaría de Salud. Ante ese vacío, son las propias comunidades las que han comenzado a construir sus propios mapeos sobre la salud de la población expuesta a agrotóxicos, un ejercicio de vigilancia ciudadana que, según el informe, ha detectado un incremento marcado de casos de cáncer, abortos y trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la zona.
El informe conecta ese vacío con un patrón nacional: los plaguicidas afectan de forma desproporcionada a la niñez, los trabajadores agrícolas, las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades apicultoras del país, y sustancias como los organofosforados y los carbamatos –aún de uso permitido– se han asociado con daño renal, enfermedades autoinmunes y cáncer, con efectos que persisten entre generaciones.
Vacío legal que se arrastra
Pese a la gravedad del diagnóstico, el Relator constata que México no cuenta con una ley general que regule los plaguicidas ni con datos sobre los volúmenes que realmente se aplican en el campo: la trazabilidad actual solo llega hasta el punto de distribución del producto, no hasta su uso final.
El país ha dado pasos puntuales –una regulación más estricta del glifosato en el 2020 y el 2023, y la restricción de 35 plaguicidas en el 2025‒ y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural prepara un nuevo decreto con 38 sustancias adicionales que serían prohibidas en el corto plazo, dentro de una revisión más amplia de casi 200 sustancias activas que continuará hasta 2030. El informe también señala un vacío específico y creciente: no existe regulación directa sobre el uso de drones para asperjar plaguicidas, una práctica en expansión que se suma a las fumigaciones aéreas tradicionales con avionetas.
Una norma oficial mexicana sobre aplicación aérea de plaguicidas lleva años en elaboración, con lo que el Relator describe como “un retraso indebido”. El antecedente más citado en el documento es la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que determinó que distintas autoridades agrícolas, ambientales y sanitarias incumplieron sus obligaciones al no prohibir plaguicidas altamente peligrosos. Ocho años después, el Relator advierte que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales considera esa recomendación ya cumplida, pese a que México todavía no tiene un plan sectorial con metas medibles y varias de esas sustancias siguen sin estar prohibidas.
Lo que pide la ONU
Entre sus recomendaciones, el Relator pide al Gobierno mexicano una ley general de plaguicidas que defina y liste las sustancias altamente peligrosas y prohíba de forma total aquellas que ya están vetadas en sus países de origen, con mecanismos de reparación integral para las víctimas de su uso. Pide también que los próximos decretos incluyan plaguicidas que generan daños graves comprobados –y no sólo sustancias obsoletas o de bajo uso‒ y que se prohíban las fumigaciones aéreas, tanto con avionetas como con drones.
Para las comunidades apícolas de Campeche y del resto de la Península, el informe no anuncia una solución inmediata, pero sí coloca, con el peso de Naciones Unidas, un diagnóstico que hasta ahora habían tenido que documentar por su cuenta: sus colmenas, su agua y su salud llevan años pagando el costo de un modelo agrícola que el propio Estado mexicano reconoce no estar regulando a tiempo.
