Yucatán avanzó en un año hacia la parte alta del mapa nacional de divorcios. En el 2025 registró 1.9 disoluciones matrimoniales por cada mil habitantes de 18 años y más, frente a 1.67 un año antes. El cambio equivale a un incremento aproximado de 13.8% en la tasa y coloca al estado por encima de la media nacional, que cerró en 1.7.
El movimiento resulta relevante porque ocurre mientras en el conjunto del país hubo menos divorcios, según reportó el Inegi ayer.
México contabilizó 155 mil 254 separaciones legales durante el 2025, alrededor de 4.1% menos que las 161 mil 932 de 2024. De los casos del último año, 88.3% se resolvió mediante juicio y 11.7% por la vía administrativa. La Estadística de Divorcios del Inegi se construye con registros proporcionados por juzgados familiares, civiles y mixtos, además de las oficialías del Registro Civil.
El líder en separaciones de la península
La Península de Yucatán, sin embargo, muestra tres comportamientos muy distintos.
Campeche continúa en el primer lugar nacional, con 4.4 divorcios por cada mil adultos, más del doble de la tasa yucateca y muy por encima del promedio mexicano. En el 2024 había registrado 4.89, por lo que su indicador disminuyó alrededor de 10%, aunque permaneció como el más elevado del país. Nuevo León, con 3.5, y Tamaulipas, con 3.3, completan los primeros sitios.
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Quintana Roo siguió una trayectoria similar a Campeche: pasó de 2.20 en el 2024 a 1.8 en el 2025, una reducción cercana a 18%. Yucatán hizo el recorrido contrario: de los tres estados peninsulares fue el que aumentó su tasa.
Ese cambio no significa que en Yucatán se divorcien 1.9% de los matrimonios. La medición del Inegi utiliza como denominador a la población de 18 años y más. Es decir, se trata de 1.9 divorcios registrados por cada mil adultos, una medida que permite comparar entidades con tamaños de población diferentes.
Tampoco debe confundirse esa tasa con otro indicador utilizado con frecuencia: el número de divorcios por cada 100 matrimonios registrados durante el mismo año.
En México se celebraron 491 mil 640 matrimonios durante el 2025 y se registraron 31.6 divorcios por cada 100 bodas. La relación fue menor que la observada en el 2024, cuando hubo 33.3 separaciones por cada centenar de enlaces. No significa que 31.6% de quienes se casaron el año pasado terminaran divorciados: matrimonios y rupturas corresponden a parejas y generaciones distintas.
Campeche vuelve a sobresalir en esa comparación. Por cada 100 matrimonios inscritos durante el 2025 se contabilizaron 62.5 divorcios, prácticamente el doble del promedio nacional. Tamaulipas registró 62.3 y Nuevo León, 56.4.
Ya no es necesario demostrar una causa
La forma en que las parejas llegan al divorcio también ha cambiado. El 66.4% de las separaciones legales del país fueron incausadas. Es el procedimiento en el que basta la voluntad de una de las partes para solicitar la disolución del matrimonio, sin necesidad de demostrar infidelidad, abandono u otra conducta.
Otro 32.5% se produjo por mutuo consentimiento y apenas 0.5% fue atribuido a una separación del hogar conyugal superior a un año.
La predominancia del divorcio incausado permite explicar cómo se tramitan actualmente las separaciones, pero no debe interpretarse como la causa social del rompimiento. La estadística dice bajo qué figura legal terminó el vínculo; no revela qué problema llevó a la pareja a tomar la decisión.
Tampoco se trata solamente de matrimonios recientes. Una de cada tres uniones disueltas en el 2025 llevaba 21 años o más de duración legal. Otro 20.1% había permanecido entre uno y cinco años; 18% entre 10 y 15; 14.9% entre seis y nueve, y 11.6% entre 16 y 20 años.
Las mujeres tenían en promedio 41.1 años al iniciar el procedimiento y los hombres, 43.6 años. Esas edades prácticamente no cambiaron respecto del año anterior.
Cuando hay hijos, la ruptura no termina en el juzgado
El divorcio tiene una dimensión adicional cuando existen menores. En los procedimientos judiciales del 2025, 43% de los matrimonios disueltos tenía al menos un hijo menor de edad: 22.1% tenía uno, 15.7% dos y 5.2% tres o más. El restante 56.4% no tenía menores involucrados.
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La custodia quedó en manos de una de las personas divorciantes en 37.2% de los casos y fue compartida en 5.7%. La patria potestad correspondió a ambos progenitores en 37.3% de los procedimientos, mientras que la pensión alimenticia fue asignada a hijas e hijos en 37.7%.
Son cifras que ayudan a entender por qué el divorcio no termina necesariamente con la sentencia: detrás aparecen obligaciones económicas, convivencia, custodia y decisiones relacionadas con menores.
En Yucatán, esa presión ya se refleja en los tribunales. Durante el 2025, los juzgados de primera instancia recibieron 29 mil 991 expedientes, 5.63% más que un año antes. La materia familiar concentró 45.46%, la mayor proporción entre todas las áreas judiciales. En números redondos, son unos 13 mil 634 asuntos.
Ese universo incluye mucho más que divorcios, pero muestra la dimensión de los conflictos familiares que requieren una intervención judicial.
El Poder Judicial abrió durante el mismo periodo seis nuevos Juzgados de Oralidad Familiar en Mérida y reportó 850 medidas de protección, 61 inscripciones en el padrón estatal de deudores alimentarios morosos y 86 en el registro nacional.
Un cambio que merece seguimiento
El dato del 2025 no basta para concluir que las familias yucatecas sean ahora más inestables ni permite atribuir el aumento a una causa específica.
Sí muestra un cambio estadístico que deberá seguirse: mientras la tasa nacional disminuyó y Campeche y Quintana Roo retrocedieron, Yucatán avanzó de 1.67 a 1.9 divorcios por cada mil adultos.
La evolución coincide con una alta demanda de justicia familiar y con procedimientos legales que hoy permiten terminar un matrimonio sin obligar a una de las partes a probar una causa.
Lo que ocurre detrás de cada expediente –conflicto, acuerdo, pensión, custodia o simplemente la decisión de no continuar juntos– no aparece completo en las estadísticas. Pero el registro del 2025 deja una señal clara para Yucatán: las disoluciones legales ganaron peso en un año en el que, para el conjunto del país, fueron a la baja.
