El avance acelerado de la tecnología ha hecho que la violencia digital evolucione más rápido que las leyes y políticas públicas, complicando su prevención y sanción, advirtió María Teresa Vázquez Baqueiro, profesora de la Facultad de Derecho de la UADY.
Este tipo de violencia incluye acoso, hostigamiento, amenazas y difusión de contenidos que causan daño psicológico, mediante redes sociales, apps o plataformas digitales.
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Aunque la legislación mexicana ya reconoce estos delitos, las mujeres son especialmente vulnerables, sobre todo frente a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. La violencia digital a menudo ocurre dentro de relaciones cercanas, generando miedo, vergüenza y presión social, lo que dificulta la denuncia.
Otras formas de violencia digital incluyen suplantación de identidad, manipulación de imágenes o videos, uso indebido de datos personales y creación de contenido falso mediante inteligencia artificial, lo que aumenta riesgos de difamación, acoso o extorsión. Niñas, niños y adolescentes también están en riesgo, a través de grooming o ciberbullying, especialmente con acceso ilimitado a Internet sin supervisión.
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Vázquez Baqueiro enfatizó la prevención, mediante educación digital, supervisión familiar, límites de tiempo en línea, protección de datos y comunicación abierta. Señaló que es responsabilidad colectiva de familias, escuelas, autoridades y sociedad, aunque el Estado debe generar políticas públicas y mecanismos legales eficaces.
En Yucatán, en 2023, el 20.7% de los usuarios de Internet mayores de 12 años reportaron algún tipo de violencia digital, una cifra ligeramente menor a la de 2022 (27.9%) pero aún significativa. En este sentido, la especialista recomendó denunciar ante la Fiscalía o la policía cibernética y subrayó que el mayor desafío sigue siendo la prevención frente al rápido avance tecnológico.
