A tres meses de que concluya el plazo oficial, entre el 20 y 25 por ciento del padrón vehicular en Yucatán aún no ha cumplido con el proceso de reemplacamiento, lo que equivale a un rezago estimado de entre 130 mil y 175 mil unidades, de acuerdo con lo que dio a conocer la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).
El titular de la dependencia, Juan Gabriel Sánchez Álvarez, hizo un llamado a la ciudadanía para que realice el trámite a la brevedad, al reiterar que no habrá ninguna prórroga una vez que venza el plazo el próximo 31 de julio.
“El llamado es muy respetuoso a todos los yucatecos que no han tenido la oportunidad de concluir ese trámite, para que lo hagan”, expresó el funcionario.
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El programa de actualización de placas deriva del decreto emitido el 31 de diciembre pasado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, el cual otorgó un periodo de seis meses durante el 2026 para regularizar el padrón vehicular.
Casi 700 mil vehículos
Actualmente, el estado cuenta con un padrón aproximado de entre 650 mil y 700 mil vehículos, de los cuales una quinta parte aún no completa el proceso, pero a pesar de lo anterior las autoridades reportan avances sostenidos.
Sánchez Álvarez destacó que el trámite puede realizarse en línea o de manera presencial en los 11 módulos habilitados en el estado, seis de los cuales se encuentran en Mérida y cinco en el interior, los cuales operan con horario ampliado para facilitar la atención.
Recordó que en diciembre del año pasado el sistema registró saturación debido a que muchos contribuyentes dejaron el trámite para última hora, por lo que se exhortó a evitar esta situación en el cierre del programa.
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El funcionario advirtió que, una vez concluido el plazo, se implementarán operativos conforme a la ley, lo que implicará sanciones para las personas que circulen por las calles o carreteras con placas vencidas en sus vehículos, y se prevé la aplicación de multas e incluso el envío de vehículos al corralón para su resguardo hasta que se realice la regularización.
No obstante, subrayó que el objetivo no es sancionar, sino lograr que la totalidad de los propietarios cumpla dentro del periodo establecido que concluye el 31 de julio.
“No queremos enfocarnos en sanciones; tenemos tres meses y la mayoría de los yucatecos ha respondido”, concluyó.
