El Gobierno del Estado aseguró que las manifestaciones registradas este día en la comisaría de Sierra Papacal no tienen sustento jurídico ni documental, al sostener que la indemnización por la expropiación de tierras ejidales reclamada por habitantes ya fue cubierta desde 1993.
De acuerdo con información oficial, el conflicto se remonta a 1990, cuando el Gobierno estatal solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 231 hectáreas de tierras ejidales de Sierra Papacal, comisaría del municipio de Mérida, con el objetivo de destinarlas a infraestructura estratégica de abastecimiento de agua potable.
Posteriormente, en 1992, mediante resolución presidencial, fueron expropiadas 223.69 hectáreas de terrenos ejidales por causa de utilidad pública, para destinarlas a la zona de captación del sistema de agua potable que abastece a los puertos de Chuburná y Chelem.
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Las autoridades señalaron que esta infraestructura es considerada fundamental para garantizar el suministro de agua potable en la región.
Indemnización se realizó desde 1993
Según los antecedentes oficiales, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización correspondiente con base en el valor comercial de los terrenos, estableciendo un precio unitario de un millón 600 mil pesos por hectárea.
Con ello, el monto total de la indemnización por las 223.69 hectáreas expropiadas ascendió a 357 millones 906 mil 506 pesos.
El Gobierno estatal indicó que, de acuerdo con documentación del Fondo de Fomento para la Infraestructura Agraria (Fifonafe), dicho pago fue realizado en 1993 a favor de los ejidatarios correspondientes.
Asimismo, afirmó que existen registros de al menos 128 ejidatarios que recibieron la indemnización y que continúan vigentes dentro del padrón ejidal.
Sostiene atención permanente
En medio de las inconformidades recientes, el Ejecutivo estatal sostuvo que ha mantenido atención permanente a las inquietudes de los habitantes de Sierra Papacal.
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Como parte de este proceso, detalló que se han realizado 13 espacios formales de diálogo: nueve reuniones en Palacio de Gobierno y cuatro encuentros en territorio del ejido.
En estas reuniones han participado autoridades estatales, federales, municipales y representantes comunitarios, abordando temas relacionados con el uso de tierras, la infraestructura hidráulica y proyectos de desarrollo regional.
El Gobierno de Yucatán reiteró que mantendrá una política de puertas abiertas, escucha activa y búsqueda de acuerdos, aunque subrayó que no permitirá acciones que pongan en riesgo servicios públicos esenciales, especialmente el suministro de agua potable.
Finalmente, la administración estatal insistió en que su prioridad es preservar la estabilidad social, respetar el marco jurídico vigente y garantizar la continuidad de los servicios que benefician a miles de familias yucatecas.
