El Congreso del Estado de Yucatán aprobó ayer el llamado Plan B de la reforma electoral federal, en medio de un debate marcado por posturas encontradas sobre su impacto en la vida democrática del estado.
Con 21 votos a favor y 13 en contra, las bancadas de Morena, PT y Movimiento Ciudadano respaldaron la minuta, mientras que PAN y PRI votaron en contra, al advertir posibles riesgos para la autonomía de las instituciones electorales.
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La reforma implica modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución mexicana, lo que se traduce en cambios que, aunque aprobados a nivel federal, tendrán efectos directos en cómo se organizan los gobiernos municipales, el uso de recursos públicos y el funcionamiento de los órganos electorales en Yucatán.
¿Qué cambia para Yucatán?
Uno de los puntos centrales es el fortalecimiento del modelo de ayuntamientos electos por voto popular, con énfasis en la paridad de género. En términos prácticos, esto refuerza la obligación de que hombres y mujeres participen en igualdad de condiciones en la integración de los cabildos, lo que podría modificar la conformación política de varios municipios en futuras elecciones.
Además, la reforma introduce límites más estrictos al gasto público en los congresos locales, incluido el de Yucatán. Esto implica ajustes en presupuestos, reducción de privilegios y mayor vigilancia sobre el uso de recursos, especialmente en rubros como salarios y prestaciones.
Otro cambio relevante impacta directamente a los organismos electorales: se regulan las remuneraciones de consejeros y magistrados, y se prohíbe la contratación de seguros o beneficios adicionales que no estén expresamente contemplados en la ley.
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En la práctica, esto podría traducirse en una reducción de percepciones y en una reestructuración administrativa de estas instituciones.
Posturas encontradas
Durante la discusión, el diputado de Morena, Alejandro Cuevas Mena, defendió la reforma al señalar que busca “poner el poder público al servicio del pueblo” y eliminar excesos en el gasto gubernamental.
En la misma línea, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Larisa Acosta Escalante, destacó que los cambios pueden abrir la puerta a una mayor participación de jóvenes en la vida política.
Sin embargo, desde la oposición, el panista Roger Torres Peniche advirtió que la reforma podría afectar la estabilidad democrática al debilitar contrapesos institucionales.
Por su parte, el priista Gaspar Quintal Parra alertó sobre posibles riesgos de injerencia en los procesos electorales locales, al considerar que las modificaciones podrían centralizar decisiones que antes correspondían a los estados.
Aunque la aprobación en Yucatán forma parte del proceso de validación constitucional en los estados, el debate de fondo sigue abierto: para unos, se trata de una medida de austeridad y democratización; para otros, de un cambio que podría redefinir las reglas del juego electoral en el país.
En lo inmediato, los efectos comenzarán a sentirse en la organización interna de instituciones locales y, a mediano plazo, en la forma en que se desarrollan las elecciones municipales en Yucatán.
