Debajo de la tierra yucateca hay un mundo que no se ve, pero que respira. Un sistema de cenotes, cavernas y ríos subterráneos que durante milenios sostuvo civilizaciones y que hoy, paradójicamente, se ha convertido en el imán de una fiebre turística que amenaza con destruirlo.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó en el municipio de Abalá, el pasado 18 de marzo, una nueva clausura que es apenas el capítulo más reciente de una historia que se repite con inquietante frecuencia en Yucatán: hay quienes siguen apostando a que la selva no avisa, y a que la ley tampoco.
Fue una denuncia ciudadana la que encendió la alarma. Al llegar al sitio, los inspectores de la Profepa encontraron un paisaje que no dejaba lugar a dudas: maquinaria pesada abriendo caminos a golpe de motor, un cenote perforado, y entre dos puntos del terreno, excavaciones tipo mina que –todo indica– buscaban conectarse mediante un canal con función de río subterráneo artificial. Un proyecto de infraestructura turística que, sobre el papel, no existía. Ningún papel ambiental lo avalaba.
Arrancan vegetación nativa
El daño fue concreto y medible: 10,750 metros cuadrados de ecosistema afectados. En esa extensión, equivalente a poco más de un campo y medio de futbol, yacía la vegetación arrancada de raíz. Árboles como el chacá (Bursera simaruba), el tzalam (Lysiloma bahamensis), el jabín (Piscidia piscipula) y el dzidzilché (Gymnopodium floribundum) –especies características de la selva mediana caducifolia yucateca– fueron removidos total o parcialmente sin que nadie, al momento de la inspección, pudiera mostrar la autorización de cambio de uso de suelo que exige la Semarnat.
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La Profepa colocó los sellos de clausura temporal total y levantó el acta correspondiente. La única persona presente se identificó como operador de maquinaria y declaró no tener facultades para firmar la orden. La empresa constructora, por ahora, sin rostro oficial en el expediente.
Más de 200 procedimientos ambientales
Lo que ocurrió en Abalá no es un incidente aislado. Es el rostro más reciente de una presión que lleva años acumulándose sobre los ecosistemas de Yucatán. Desde principios del 2025 y hasta octubre, la Profepa inició alrededor de 200 procedimientos administrativos por infracciones ambientales en el estado, una cifra que en el 2024 llegó a 370 casos, incluyendo denuncias por cambio de uso de suelo, tala ilegal, relleno de humedales y tráfico de especies.
Durante el 2025, los operativos en la entidad fueron contundentes. Entre el 15 de junio y el 31 de agosto, la Profepa realizó operativos en la Península de Yucatán que derivaron en clausuras en Tekax, donde se documentaron 968.62 hectáreas de selva devastada en los ejidos Nohalal, Emiliano Zapata y Poccheil, con aseguramiento de maquinaria Caterpillar, retroexcavadoras y tractores agrícolas.
En total, de mayo a agosto de ese año, la Profepa realizó 25 operativos en la Península de Yucatán, logrando la clausura de predios que en conjunto sumaron 6,325.60 hectáreas de selva afectada y la presentación de 13 denuncias penales.
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Imparables daños en el 2026
Lo que va del 2026 no ha sido más tranquilo. En enero, inspectores federales llegaron hasta Hoctún para clausurar una granja avícola que había desmontado 8.9 hectáreas de selva mediana sin permiso. Era la segunda sanción a la misma empresa en pocos meses: en noviembre de 2025 ya había sido clausurada otra de sus instalaciones en Kinchil, y los sellos fueron violados reiteradamente, lo que llevó a la Profepa a ampliar la denuncia penal ante la FGR.
En febrero, un doble operativo en Chelem, comisaría de Progreso, resultó en nuevas clausuras de manglar y ciénega afectadas por ocupación ilegal, rellenos de humedal y obras sin autorización, con participación de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Ese mismo mes, la Profepa ejecutó dos operativos simultáneos en la Reserva Cuxtal, al suroriente de Mérida, donde clausuró predios por desmontes ilegales y aseguró más de una tonelada de carbón vegetal sin documentación de procedencia legal.
Y a finales de marzo, llegaron dos nuevas clausuras en Chicxulub Puerto, municipio de Progreso, luego de detectar el relleno ilegal de humedal costero y el desmonte de manglar para construir viviendas, con el aseguramiento precautorio de una retroexcavadora.
30 clausuras inmobiliarias
A lo largo de los operativos realizados entre finales de 2025 y principios de 2026, la Profepa logró la clausura total de más de 30 desarrollos inmobiliarios en la Península de Yucatán, siendo la remoción ilegal de vegetación uno de los principales motivos de intervención.
El patrón es siempre el mismo: alguien llega con maquinaria, derriba lo que la naturaleza tardó décadas en construir, y cuando los inspectores aparecen, el responsable no está, o no tiene papeles, o dice que no puede firmar. La clausura se impone, los sellos se colocan y, en demasiados casos, la maquinaria vuelve a rugir cuando nadie mira.
Yucatán tiene selva, cenotes y una biodiversidad que el mundo envidia. También tiene quienes apuestan a que la impunidad es más rápida que la ley. El caso de Abalá recuerda que hay una denuncia ciudadana detrás de cada operativo. Que la vigilancia, hoy por hoy, sigue dependiendo de quien se atreve a levantar el teléfono para denunciar.
