La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) dejó sin efecto la decisión que anulaba el convenio suscrito por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán con una organización civil, mediante el cual se destinarían un millón 300 mil pesos para la instalación de la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales del estado, conforme a lo establecido en el decreto 655/2023.
En rueda de prensa, el dirigente del Supremo Consejo Maya, Sergio Iván Pereira Gamboa, acompañado de Juan Baas Tec, promotor de la demanda, informó lo anterior y dijo que van a esperar quince días la respuesta del Iepac; en caso contrario, convocarán a un plantón frente al Instituto en busca de atiendan el fallo y con ello las demandas que han promovido desde hace más de ocho años y que, subrayó, han sido ignoradas.
Explicó que en el 2023 se emitió un decreto para la instalación de la mencionada defensoría, a través de la cual se atenderían las demandas de los grupos vulnerables, especialmente personas de la comunidad maya que aspiren a un cargo público.
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Afirmó que el Iepac se negaba a crear esta figura legal por eso acudieron a los tribunales; desde entonces han presentado más de 21 denuncias.
La sentencia incumplida
Recientemente, el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) reconoció que el Iepac cumplió con la sentencia, no así el tribunal federal, que determinó que el instituto está en vías de cumplimiento, lo podría tener repercusiones en las elecciones de junio del 2027.
Pereira Gamboa calificó de “circo y teatro” la firma de un convenio con una organización que dice representar a la etnia maya, cuando en realidad es un “organismo a modo” para que el tribunal dé por cumplida la disposición.
Por ello, señaló, van a esperar quince días la respuesta del Iepac; en caso contrario convocará a un plantón frente a las oficinas de esa dependencia; sin embargo, esperan que se atienda la demanda de los grupos vulnerables, como indica el Tepjf.
El maestro Juan Baas Tec estuvo acompañado de las maestras Hilda Mirna Díaz Caballero, Pilar Villareal Ramírez, los licenciados Pereira Gamboa, Rosaura Ek May, Bertha Maribel Pech Polanco, Silvia Chan Nieves, Juan Medina Castro, entre otros.
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Determinación del fallo
La sentencia de la sala suprema establece: que el Iepac debe estar instalada antes del proceso electoral del 2027, asignar un presupuesto que incluso dijo utilizó para organizar un proceso electoral, que puede ser considerado como desvió de recursos, y su funcionamiento debe adecuarse al acuerdo CG/048/2023.
Asimismo, coordinarse con otras autoridades e instituciones de la sociedad civil para que estas garanticen que la instalación y su funcionamiento sea efectivo y cumpla con el objetivo de garantizar asistencia jurídica, asesoría y defensa jurídica a las personas que lo requieran, disposiciones que no ha cumplido hasta ahora el Instituto.
Por último, dijo que ayer mismo informaría y entregaría al Gobernador del Estado la documentación correspondiente para que esté enterado de la situación en la que se encuentran los grupos vulnerables del estado ante el Iepac.
