El “Plan contra el Huachicoleo” anunciado por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador implica no sólo el retorno del Estado como el responsable de la salvaguarda de los recursos estratégicos de México, que además de ser dilapidados al extranjero también son robados por mafias de alcance nacional e internacional; la estrategia, que ya ha rendido sus primeros resultados, en apenas dos días, también pone en evidencia el entramado gubernamental que por muchos años fue omiso ante estos hechos ilícitos.
El “huachicoleo” ha dejado además de una pérdida constante de millonarios recursos públicos, una estela de sangre y muerte en diversos Estados de la República Mexicana, principalmente en la zona Centro y Noreste, donde confluyen diversos ductos e instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX); sin embargo, el Sur-Sureste no ha estado exento de la violencia desatada por el tráfico de hidrocarburos.
Mientras en Estados cercanos, como Tabasco, constantemente trascienden noticias sobre ejecutados relacionados con el “huachicol”, o trágicas muertes por explosiones en ordeñas clandestinas, Campeche y especialmente Ciudad del Carmen también han acumulado una agraviante cuota de sangre a lo largo de los años.
La violencia en esta parte del país ha estado íntimamente relacionada con el tráfico de diésel para operaciones marinas, teniendo como eje central el Puerto de la Isla del Carmen, y con alcances en toda la Península de Yucatán e incuso Centroamérica, como constatan diversos registros periodísticos del año 2011 a la fecha.
De acuerdo con las nuevas autoridades federales, fue durante el pasado sexenio priísta de Enrique Peña Nieto cuando más sentó sus reales el “huachicoleo”, que si bien inició desde las administraciones panistas de Vicente Fox Quesada y del Espurio Felipe Calderón Hinojosa, en los últimos seis años se extendió en prácticamente todo el territorio nacional a la vez que se multiplicaron sus ganancias ilícitas.
“Huachicol” y empresas, vínculo mortal
En Ciudad del Carmen, los primeros hechos violentos relacionados con el tráfico de hidrocarburos iniciaron desde la década pasada, pero fue en el año 2011 cuando células del Crimen Organizado dedicadas al “huachicoleo” empezaron a ser identificadas más no combatidas por las autoridades estatales, que tomaron acción hasta después de una serie de ejecuciones vinculadas con empresarios navieros de la Isla.
Uno de los primeros crímenes fue el cometido en el 2011 contra el empresario Rubén Maury Campero, quien era el director del consorcio Marítima Internacional S.A. de C.V. y también lo fue de J.B. del Golfo S.A. de C.V.; Maury Campero fue secuestrado el 11 de agosto de aquel año y 24 horas después fue asesinado por sus captores, quienes exigían 50 millones de pesos por su rescate, aunque las investigaciones estuvieron enfocadas en el plagio trascendió que el móvil estaría relacionado con el trasiego de diésel. Su cuerpo fue hallado detrás de un templo en la colonia Manigua.
Ese mismo año, pero en el mes de julio, la Secretaría de Marina (Semar) había asegurado en altamar al buque remolcador “Perla”, de bandera mexicana y propiedad la empresa Oceanografía. El reporte apuntó que eran dos buques, el de OSA y otro de bandera hondureña, los realizaban actividades sospechosas en la Sonda de Campeche, en el área conocida como los Abkatunes.
El barco de Oceanografía fue detenido con mil 500 galones de diésel, equivalentes a 5 mil 678 litros por arriba de los registros oficiales. Además fue localizada a bordo una persona ajena a la tripulación.
Estos ilícitos pusieron en evidencia el vínculo mortal entre células del Crimen Organizado y empresas petroleras. También en el 2011 se detuvo a Raúl Lucio Hernández Lechuga, alias “El Lucky”, señalado como jefe de plaza de “Los Zetas”, quien en su declaración afirmó haber creado empresas para vender diesel y gasolina a empresarios nacionales y extranjeros.
Un año después, en diciembre del 2012, fue ejecutado el joven de 31 años Adolfo Hernández Zapata, hijo del empresario naviero y ex líder pesquero Adolfo Hernández Maldonado; el joven carmelita había sufrido dos atentados con anterioridad meses atrás. Ultimado de dos balazos en la colonia Morelos, su ejecución levantó sospechas sobre las operaciones de su progenitor en altamar, donde se empezaba a volver práctica común el trasiego de hidrocarburos en lanchas ribereñas.
Otro crimen que se vinculó al “huachicol” fue el del empresario camaronero Francisco Javier Cajún Bolívar en la capital del Estado, quien sufrió un atentado en el que la compra ilegal de diésel robado fue el principal móvil, en el año 2013.
También en el 2013, en la Isla, y de nueva cuenta en la colonia Morelos, se ultimó a Manuel Andrés Cob Sánchez, socio de la empresa Consignataria y Servicios Marítimos S.A. de C.V., dedicada precisamente a la renta de embarcaciones, grúas y contenedores, así como a la compraventa de diésel.
En todas estas ejecuciones en las que el trasfondo era el robo de diésel, trascendió el involucramiento de una célula del Crimen Organizado que cobraría relevancia pocos meses después: “Pura Gente Nueva”, relacionada con “Los Zetas” y con el Cartel -del sexenio peñista- Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya especialización en el “huachicoleo” se abordará en la segunda parte de este reportaje.
Continuará
(Texto y fotos: Redacción / POR ESTO!)