
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) mantiene abierto un expediente por posible uso indebido de armas de fuego por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) contra un ciudadano. Debido a la gravedad del caso, se emitieron medidas cautelares y continúa el proceso de investigación, informó la presidenta del organismo, Ligia Nicte-Há Rodríguez Mejía.
Como en años anteriores, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche (FGECAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezan la lista de autoridades con más denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y dilación en la procuración de justicia.

Noticia Destacada
Colegio de Médicos de Campeche condena violencia contra residentes del IMSS; exigen justicia
A mediados de 2025, la CODHECAM ha realizado más de 900 intervenciones, entre quejas, asesorías y gestiones. No obstante, la titular enfatizó que su prioridad es resolver los casos de manera inmediata, sin necesidad de emitir una recomendación formal
“La ciudadanía muchas veces no busca iniciar una queja, sino que le escuchen, le den atención médica o se le practique una cirugía. Nuestra labor principal hoy es gestionar, acompañar y vincular”, señaló Rodríguez Mejía.
En el municipio de Carmen, la Comisión tiene en trámite entre 100 y 110 expedientes, la mayoría resueltos vía conciliación. El 85 % de los casos atendidos en lo que va del año se han canalizado mediante mecanismos de solución pacífica.
A pesar de avances con la Fiscalía, persisten quejas por falta de enfoque de género, atención a la niñez y errores en la tramitación de expedientes. También se reportan violaciones en derechos de salud, educación y trabajo.
En relación con el caso de un ciudadano herido por arma de fuego en mayo, en la colonia 23 de julio, la CODHECAM abrió expediente de oficio por tratarse de un hecho grave, reiterando que se priorizan casos que afectan a grupos vulnerables, como menores de edad, personas privadas de libertad o pueblos originarios.
“No solo a través de recomendaciones se hace justicia”, subrayó la presidenta.