La reducción de la jornada laboral, que se aprobó con la reforma en materia del trabajo, no se puede implementar de golpe y porrazo sin que haya un proceso de transición, ya que provocaría el cierre de los negocios porque se elevan los costos operativos, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Campeche, Sergio Rafael Pérez Barrera.
Al fijar postura sobre la nueva disposición laboral, explicó que tanto Canacintra como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) coinciden en tres puntos para aplicar esta disposición legislativa y que no afecte al 90 por ciento de los negocios del país, que en su mayoría son micros y pequeñas empresas.
De acuerdo con la propuesta de los organismos empresariales, la aplicación de la reducción laboral de 48 a 40 horas debe ser de forma equilibrada y sostenible, por lo que proponen una gradualidad sectorial hasta el año 2030, tomando en cuenta los criterios definidos según el sector, el tamaño de la empresa y la ubicación geográfica.
Además, para incentivar la formalidad, proponen regularizar a las empresas familiares con esquemas de apoyo financiero, fiscal y tecnológico, ya que actualmente el 55 por ciento de la economía laboral está en la informalidad, lo cual fue calificado como preocupante, ya que, con base en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta condición es sinónimo de pobreza.
El tercer punto es la creación de un observatorio de Transición Laboral, con participación tripartita, para evaluar y ajustar la implementación de la reducción de la jornada laboral con base en evidencia real.
Consideró que no es lo mismo aplicar la reforma laboral en tiendas y fondas que en restaurantes como Sanborns y VIPs, que tienen una estructura laboral sólida, que en establecimientos pequeños, que deben despedir o recontratar personal para adaptarse a los nuevos horarios de trabajo.
Manifestó que la reducción de la jornada laboral puede representar un avance, sin embargo, si se aplica de manera uniforme y sin considerar la diversidad de sectores como el primario, secundario y terciario, puede comprometer la estabilidad de los negocios y el sustento de miles de trabajadores.
Informó que aplicaron una encuesta a los socios de estas cámaras empresariales, y el:
- 64 % considera inviable la reducción inmediata de 48 a 40 horas,
- 71.4 % visualiza un aumento en los costos operativos, incluso con aplicación paulatina,
- 58.55 % estima dificultades para cubrir turnos o mantener el nivel de servicio.
En forma general, la preocupación principal es el aumento de los costos laborales, incluidos los impuestos, la afectación al cliente, y la posible pérdida de empleos.
Reiteró que no todas las actividades pueden adoptar el mismo esquema laboral, ya que no es lo mismo una planta manufacturera, un restaurante con 50 trabajadores, una tienda de barrio o un hotel pequeño que emplea de 1 a 10 personas.
Insistió en que la regularización del empleo informal es un punto central para coadyuvar con la economía nacional, que actualmente se encuentra en crisis, y que se vería aún más afectada si se implementa de golpe la reducción de la jornada laboral.