La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ligó la entrega de un contrato superior a los 24 millones de pesos por parte del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) con la empresa señalada como “favorita” del Instituto Nacional Electoral (INE) “Cajas Graf”, al respecto, políticos locales exigieron a la federación y a la Fiscalía General de la República (FGR) intervenir y sancionar a los responsables si existen inconsistencias en la adjudicación del contrato.
En el caso específico de Campeche, las auditorías identificaron el contrato con folio DEAPPAP/010/2021, otorgado por el Instituto Electoral del Estado de Campeche, por un monto que ascendió a los 24 millones 180 mil 207.54 pesos.
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Las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también abarcaron a otros Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que entregaron contratos por más de mil millones de pesos en al menos 13 Estados de México.
Las investigaciones también hacen referencia a los antecedentes de Guadalupe Taddei Zavala, quien encabezó el Instituto Electoral del Estado de Sonora de 2014 a 2021, antes de asumir la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).
Al respecto, el diputado Pedro Hernández Macdonald, primer vocal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Anticorrupción del Congreso del Estado, exigió esclarecer los contratos otorgados a empresas bajo investigación por presuntas irregularidades en organismos electorales del país.
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Además, solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera para esclarecer los hechos. Asimismo, recriminó el silencio y hermetismo del IEEC sobre los señalamientos y sostuvo que una explicación institucional ayudaría a precisar las condiciones de contratación, los servicios adquiridos y los mecanismos de supervisión aplicados.
El representante de Movimiento Ciudadano afirmó que se tiene que dar seguimiento al caso y exigió que las investigaciones se desarrollen sin distinciones partidistas, que el objetivo debe ser esclarecer el destino de los recursos públicos y determinar si existieron irregularidades en las contrataciones.
