Por un adeudo laboral de 842 mil 967 pesos con 48 centavos, el Ayuntamiento de Campeche enfrenta un procedimiento de requerimiento de pago y embargo, derivado de la demanda promovida por el ex trabajador Argel Ulises Oropeza Cardozo, quien reclama el cumplimiento de un laudo por despido injustificado ocurrido el 17 de enero de 2019. La diligencia fue realizada este 28 de octubre por personal del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado en el Palacio Municipal, dentro del expediente 056/2019.
El procedimiento se ejecutó por orden emitida el 21 de octubre, con el objetivo de exigir el pago de las cantidades reconocidas en la resolución laboral. De acuerdo con el acta, el monto corresponde a salarios caídos, prima vacacional y aguinaldos acumulados desde la fecha del despido hasta el 6 de noviembre de 2026, día programado para la reinstalación del trabajador.
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La cantidad podría aumentar por las prestaciones que continúen generándose hasta el cumplimiento total de la sentencia, además de los gastos de ejecución.
Durante la diligencia, el personal que atendió al actuario manifestó que no podía atender el requerimiento ni señalar bienes suficientes para garantizar el adeudo. Ante esta situación, Oropeza Cardozo solicitó que se trabara embargo sobre dos cuentas bancarias de BBVA México registradas a nombre del Ayuntamiento de Campeche.
El demandante también pidió que se notificara a la institución financiera sobre la medida y que se diera intervención a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a fin de obtener información y asegurar recursos suficientes para cubrir la condena. Asimismo, solicitó que la institución crediticia exhibiera el título de crédito correspondiente, con el apercibimiento de un posible pago doble en caso de incumplimiento, conforme a lo planteado en su petición.
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El acta establece que la diligencia fue puesta a consideración del Tribunal Burocrático para los efectos legales correspondientes. Además, advierte que, si el Ayuntamiento se niega a pagar, podrán embargarse bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto reclamado e incluso solicitarse el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la medida.
El caso mantiene pendiente el cumplimiento de una resolución laboral relacionada con un despido ocurrido hace más de siete años y coloca al Gobierno Municipal ante la exigencia de cubrir el adeudo y garantizar la reinstalación ordenada para noviembre.
