Los partidos de oposición Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) cuestionaron si es un proceso legal o, de nuevo, una detención arbitraria la que se hizo en contra del exalcalde de Escárcega, Rodolfo "N", acusado de peculado durante su gestión.
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El exmunícipe fue detenido en el mercado de la ciudad escarceguense este jueves 26 de febrero, al cumplimentar la orden de detención que emitió un juez a petición de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por el presunto desvío de 3 millones 550 mil pesos.
Con respecto a este hecho, el expresidente del PRI, Jorge Esquivel Ruiz, manifestó que están a favor de los procesos judiciales en contra de funcionarios o exfuncionarios que incurran en desvío de recursos, ya que es un delito que amerita una sanción, por lo que no pueden pronunciarse en contra.
Aunque apuntó que en los últimos meses se han realizado procesos judiciales donde se señalan actos ilegales en la función pública, señaló que los procedimientos en la retención de los señalados no siempre se ajustan a derecho, como sucedió con el exrector de la UACam, José Alberto Abud Flores, ya que se desconoce si es culpable o inocente de los delitos imputados.
Los procedimientos judiciales deben ser apegados a derecho para que el debido proceso se realice conforme a la norma y se evite que los juicios no procedan por no respetar los lineamientos de la Carta Magna. Pero, sobre todo, que no exista persecución política hacia los adversarios ideológicos ni hacia los mismos militantes de quienes gobiernan, apuntó.
Por su parte, la presidenta del PAN, Wendy Casanova Mendoza, expresó que en el caso del ex primer edil de Escárcega también debe haber una investigación conforme a derecho, por lo que, tras la detención, el acusado debe tener los elementos para defenderse. La autoridad, añadió, tendrá que informar sobre el procedimiento judicial siempre apegado a la ley.
En cambio, el dirigente estatal de MC, Paul Arce Ontiveros, manifestó que el trámite debe ser conforme a derecho, ya que todo ciudadano acusado de peculado o malversación de recursos públicos conoce las imputaciones de la autoridad con base en la formulación de la carpeta de investigación.
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JGH
