Un total de 14 personas —12 mujeres y dos hombres— son investigadas por su presunta participación en actos violentos ocurridos durante la marcha del 8 de marzo, realizada en el Centro Histórico de San Francisco de Campeche con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Entre los delitos que se investigan se encuentran daños en propiedad ajena, motín, lesiones calificadas y dos casos de homicidio en grado de tentativa, luego de que presuntamente se prendiera fuego a mujeres policías que resguardaban el Palacio de Gobierno.
De acuerdo con el fiscal general del Estado, Jackson Villacís Rosado, las personas detenidas fueron aseguradas en flagrancia durante los disturbios registrados en la manifestación feminista. Informó que por estos hechos se abrieron tres carpetas de investigación con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar la participación de cada implicado.
Noticia Destacada
Aseguran a ladrón tras asaltar con violencia en un Oxxo en Campeche
El fiscal explicó que las autoridades se encuentran integrando las investigaciones para establecer el grado de responsabilidad de cada una de las personas detenidas.
Por su parte, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, confirmó que 23 mujeres policías resultaron lesionadas durante los enfrentamientos con manifestantes. Detalló que tres de ellas sufrieron quemaduras y 20 más resultaron policontundidas, por lo que reciben atención médica en el IMSS.
La directora de la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche (APCEC), Ro Olvera Salinas, informó que se registraron afectaciones en al menos 35 inmuebles civiles, además de 12 recintos religiosos y militares, entre ellos los baluartes de San Pedro, La Soledad, San Carlos y San Francisco, el Ex Templo de San José, el atrio de la Catedral, el Instituto Campechano, así como el Palacio Municipal y el Palacio de los Poderes.
Olvera Salinas precisó que las sanciones por daños al patrimonio histórico pueden ir de tres a diez años de prisión, además de multas económicas y la obligación de cubrir los costos de restauración.
La secretaria de Gobierno, Liz Hernández Romero, calificó lo ocurrido como inadmisible, al considerar que se trató de una agresión directa contra mujeres policías.
La Codhecam condenó las agresiones contra las mujeres policías, reconociendo el derecho a la protesta, pero subrayando que la violencia no contribuye a la solución de los conflictos sociales.
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) solicitó la liberación de la estudiante Esil Safir Romero Flores, mientras un ciudadano, David Suaste Canul, denunció la presunta detención ilegal de su hermana menor de edad.
