En Campeche, hablar de adopción es hablar de procesos largos, decisiones responsables y vidas que esperan. Detrás de cada expediente hay niñas y niños que necesitan protección, pero también familias que han decidido abrir su hogar tras atravesar un camino riguroso de evaluación y preparación. Aunque las cifras puedan parecer pequeñas, el impacto es profundo: el año pasado se concretaron cuatro adopciones en la Entidad.
El dato cobra mayor dimensión si se observa en contexto. En los últimos cinco años, del 2021 al 2025, suman ocho casos de adopción, además de múltiples procesos de reintegración familiar que implican intervenciones tanto con los menores como con su red de apoyo. Cada caso representa meses —e incluso años— de trabajo jurídico, social y emocional.
El director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, Mario Pavón Carrasco, lo resume así: “El año pasado tuvimos un incremento en el número de adopciones. Metimos cuatro adopciones, parece un número pequeño, pero no lo es. Los procesos de adopción son muy complejos”.
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La complejidad se explica en dos grandes escenarios. El primero es el de quienes desean convertirse en madres o padres adoptivos, deben pasar por un proceso exhaustivo de evaluación, capacitación y certificación. Cada solicitante obtiene un certificado de idoneidad, avalado a nivel nacional, que le permite iniciar trámites en cualquier Estado del país. Ese documento acredita que cuentan con los elementos suficientes y necesarios para brindar un entorno adecuado.
El segundo escenario es el de la situación jurídica de las niñas y niños. Antes de pensar en adopción, las instancias deben agotar todas las posibilidades dentro de sus redes familiares, pues el derecho a vivir en familia es prioritario. Solo cuando la situación legal queda resuelta y existen todos los elementos jurídicos, puede generarse formalmente un proceso de adopción.
“Estamos hablando de vidas humanas”, insiste Pavón Carrasco. Cuando ambas partes cumplen los requisitos, se analiza cada perfil familiar para intentar hacer el ‘match’ con los menores en posibilidad de adopción. Si la familia acepta, se realiza un primer encuentro y después un proceso progresivo de adaptación. Si no funciona, la adopción no se concreta. La prioridad del DIF Estatal, subraya, son los derechos de los niños y garantizar su bienestar antes que cualquier otra consideración. Por eso, recalca, cuatro casos no son pocos.
Los tiempos tampoco son inmediatos. Desde que una persona solicita iniciar el trámite puede transcurrir incluso años. Un proceso considerado rápido puede durar año y medio; uno de los cuatro casos recientes tardó dos años. No existe un plazo máximo. “No es como comprar en X lugar del Internet… No. Son seres humanos”, enfatiza el director.
El acompañamiento continúa después de la sentencia. El DIF mantiene seguimiento en adopciones y reintegraciones familiares. Un ejemplo reciente fue la adopción de un ‘niño extraordinario’ por una pareja en la Ciudad de México. Gracias a la vinculación entre sistemas DIF a nivel nacional, se solicitó apoyo al DIF capitalino para el acompañamiento, y Campeche recibe reportes constantes sobre su desarrollo. Lo mismo ocurre cuando menores de otros Estados son adoptados en territorio campechano.
Actualmente, 57 niñas y niños permanecen en el albergue ‘María Palmira Lavalle’. Todos se encuentran en procesos en tribunales. Su ingreso al centro asistencial es el último recurso y ocurre cuando fue necesario resguardarlos y protegerlos. “Forzoso y sin excepción, todos los niños que están con nosotros es porque había que resguardarlos”, explica Pavón Carrasco. Estaban siendo vulnerados de alguna forma, independientemente de la situación de sus padres, cuyas circunstancias afectaban directa o indirectamente al menor.
Dependiendo del proceso judicial, puede determinarse la reintegración con su núcleo familiar o la posibilidad de adopción. El DIF interviene para fortalecer a las familias y, cuando es viable, reconstituir el entorno original. De lo contrario, el juzgado o el juez define el inicio del proceso adoptivo.
Una figura clave es la de las familias de acogida. Actualmente hay 17 familias certificadas que brindan cuidado temporal a niñas, niños y adolescentes mientras se resuelve su situación judicial. Esta alternativa permite que ejerzan su derecho a vivir en un entorno familiar en lugar de permanecer en un centro asistencial. Una vez que se define su situación legal, pueden ser adoptados por la misma familia de acogida o por otra.
Sin embargo, se requieren más familias de acogida. “Son fuertes”, reconoce el director, porque puede generarse una separación cuando el menor regresa con su familia o es adoptado por otra. Aun así, el beneficio es enorme. Porque, por muy cuidado y controlado que esté un centro asistencial, nunca será lo mismo que crecer en familia.
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JY
