La Ley Silla en México entró en vigor el 15 de diciembre de 2025. Esta reforma obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo a trabajadores que pasan largas jornadas de pie, garantizando descansos periódicos, así como a adecuar sus reglamentos internos. Pero en Campeche, de acuerdo con la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dos de cada 10 empresas no cumplen con los requisitos, lo que equivaldría a alrededor de tres mil 800 de las quince mil 300 unidades económicas con registro oficial.
Además, el organismo reveló que otra irregularidad en la que incurren las empresas en el Estado es que no han modificado sus reglamentos internos, en los que deben especificar horarios y turnos para que las y los trabajadores tomen los descansos. Estos incumplimientos podrían hacerlos acreedores a multas desde 250 hasta dos mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
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Annabel Báez Vázquez, titular de la STPS, explicó que, desde la entrada en vigor de la reforma, las autoridades laborales iniciaron la supervisión tanto a nivel estatal como federal y recordó que previo a esta etapa obligatoria ya se realizaban inspecciones relacionadas con condiciones generales de trabajo, como salario y afiliación de empleados, en las que se detectó que muchos establecimientos habían comenzado a colocar sillas para su personal.
Detalló que actualmente se realizan entre dos y tres inspecciones mensuales en distintos negocios, aunque reconoció que cubrir la totalidad de ellos resulta complicado. Aclaró que no se han aplicado multas hasta el momento, ya que se ha optado por emitir observaciones y otorgar un plazo de cinco días para que las empresas corrijan irregularidades.
Entre las principales fallas detectadas se encuentra el uso de asientos que no cumplen con las características requeridas, como ergonomía y respaldo, al sustituirse por bancos u otras estructuras inadecuadas. Báez Vázquez advirtió que, una vez concluido el periodo de observación y seguimiento, se procederá a la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, las cuales pueden ir de 250 a dos mil 500 UMAs.
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