Problemas como el desmonte y las afectaciones a la fauna silvestre son dos de las posibles complicaciones que podrían incidir en el Estado en caso de no existir una regulación en zonas forestales con presencia humana, sector que, de acuerdo con datos del Gobierno Federal, concentra una población de 176 mil 624 habitantes distribuidos en 2 mil 271 localidades ubicadas en este tipo de áreas.
Tras el conflicto entre habitantes de la ampliación forestal de Pomuch, en Hecelchakán, y presuntos invasores provenientes de Colombia, representantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Campeche destacaron que, ante la tensión en la zona colindante con la jurisdicción de Candelaria, es primordial la intervención de las autoridades agrarias.
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Ejidatarios acusan a presuntos colombianos de invadir tierras en la Ampliación Forestal Pomuch
El representante de la zona, Federico Chan, señaló que lo primordial es garantizar el cuidado del medio ambiente, pues actualmente los asentamientos humanos en zonas forestales deben cumplir con ciertas reglamentaciones, mismas que se establecen en “actas de compromiso” entre autoridades y civiles.
Urgió a instancias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre otras, a intervenir para evitar conflictos, así como posibles afectaciones a la población.
El caso de la ampliación forestal de Pomuch, en Hecelchakán, involucra a 21 asentamientos inconformes con la llegada de extranjeros, en una superficie aproximada de 25 mil hectáreas que se encuentran en proceso de legalización.
Recursos en 2025
A la par de lo anterior, el manejo de zonas forestales en Campeche estimó una derrama económica de 58 millones 371 mil 108 pesos durante 2025, de acuerdo con datos emitidos por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en su portal informativo “Data Bosques”.
Del total, 2 millones 904 mil 230 pesos se asignaron a “Protección Forestal”, así como 3 millones 515 mil 159 pesos a “Manejo forestal comunitario y cadenas de valor”, entre otros rubros.
