El Hospital “Manuel Campos” atraviesa una de sus mayores crisis operativas y laborales, en medio de denuncias por el presunto desmantelamiento de servicios básicos, posibles actos de corrupción y un clima de hostigamiento que, señalan trabajadores, ha colocado al personal médico y administrativo al límite.
Empleados y ciudadanos acusan a la actual administración de operar con opacidad, abuso de poder y bajo una política que ha profundizado el deterioro de los servicios.
De acuerdo con los denunciantes, la dirección del hospital ha justificado recortes y movimientos arbitrarios bajo el argumento de una supuesta insuficiencia presupuestal del IMSS-Bienestar. Aseguran que, mientras se eliminan plazas de médicos, enfermeras, trabajadores sociales y personal de limpieza, continúan privilegios para personas cercanas a la administración, incluidos familiares en puestos administrativos con salarios elevados.
La crisis también se ha agravado por la falta de insumos esenciales, como material de curación y artículos de higiene, además de la eliminación del pago de guardias, lo que ha incrementado la carga laboral y obligado a trabajadores a cubrir turnos adicionales.
Advierten que el hospital opera con plantilla reducida, bajo condiciones inadecuadas, poniendo en riesgo a trabajadores y pacientes.
Se suman señalamientos sobre la presunta utilización de instalaciones y recursos públicos para cirugías privadas, sin que los ingresos hayan sido reportados de manera transparente.
Los trabajadores también denunciaron un ambiente de persecución, con hostigamiento y acoso laboral contra quienes cuestionan las decisiones de la dirección.
Señalaron irregularidades en la nómina, como depósitos erróneos seguidos de solicitudes de devolución en efectivo, presuntamente relacionados con pagos a proveedores externos.
La inconformidad aumentó por señalamientos de un posible incremento patrimonial de funcionarios, mientras se agudizan las deficiencias en los servicios del hospital.
Ante este panorama, la comunidad hospitalaria solicitó la intervención inmediata de la gobernadora Layda Sansores San Román y de las autoridades del IMSS-Bienestar, además de exigir una auditoría integral, revisión de nóminas, investigación sobre contrataciones, transparencia en ingresos y la separación de funcionarios señalados mientras se esclarecen las denuncias.
