La Fiscalía General de la República, FGR, intervendrá en la investigación relacionada con el basurero clandestino Siglo XXI, ante la posible presencia de residuos contaminantes y la eventual comisión de delitos de carácter federal, informó Alexandro Brown Gantús, titular de la Vice Fiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas.
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El funcionario señaló que continúa la integración de los elementos encontrados en el sitio, así como la recopilación de informes de Semabicce y Copriscam. Además, la Fiscalía solicitará a la FGR un dictamen de impacto ambiental para determinar las posibles afectaciones al ecosistema.
Brown Gantús explicó que también se solicitarán estudios hídricos a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y se enviarán muestras a laboratorios especializados. Los análisis permitirán determinar si los lixiviados generados por los residuos alcanzaron cuerpos de agua subterráneos.
Precisó que la mayor duda de las autoridades radica en el tipo de materiales localizados en el lugar, debido a la posible presencia de sustancias como plomo, cromo, mercurio y zinc. Estos elementos son considerados altamente contaminantes y representan un riesgo para el ambiente y la salud pública.
El titular de la Vice Fiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas señaló que la ubicación de un cárcamo de bombeo incrementa la necesidad de realizar estudios especializados. Los resultados permitirán establecer si existe contaminación y determinar las acciones que correspondan.
Brown Gantús indicó que toda la información será integrada para presentarla ante el juez de control que otorgó la orden relacionada con el caso. A partir de los resultados de las investigaciones también se podrán establecer las responsabilidades de quienes resulten involucrados.
Respecto a una posible responsabilidad del Ayuntamiento, el funcionario aclaró que primero deberá concluir el proceso de deslinde. Sin embargo, señaló que, si se acredita un daño ambiental, el resarcimiento será obligatorio para los responsables.
Las sanciones podrían incluir multas y penas de prisión. El Código Penal del Estado contempla castigos de hasta más de un millón y medio de pesos y hasta tres años de prisión, mientras que, ante posibles delitos federales, las penas podrían alcanzar hasta nueve años de cárcel.
JGH