Menonitas de la comunidad Nueva Trinidad, Hopelchén, acusaron al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Juan Pedro Alcudia Vázquez, de estar coludido con la Jueza de Control, Claudia Gabriela Cervantes Luna, para dilatar el proceso que enfrenta Johan Neufeld Wall, relacionado con el presunto despojo de 500 hectáreas de los predios El Progreso y El Porvenir.
Por ello, este lunes viajaron a Ciudad del Carmen para acudir directamente ante la Comisión de Disciplina Judicial y exigir que investigue el actuar de la juzgadora, le retire el expediente y traslade el caso a los juzgados federales, al sostener que se trata de terrenos nacionales. La acusación fue expuesta por Eraclio Rodríguez Gómez, presidente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quien anunció además una marcha de tractores que partirá el 30 de septiembre desde Nueva Trinidad rumbo al Palacio de Gobierno.
Noticia Destacada
“Las calles ya no se sienten seguras”: Temen campechanos salir de noche
Rodríguez Gómez señaló que la audiencia programada para este lunes fue diferida hasta el 2 de octubre debido a que no se presentó el abogado de los Huitz ni el traductor. Afirmó que el expediente contiene irregularidades, entre ellas un poder utilizado por Luis Eduardo Huitz Villarreal que, según su versión, estaría condicionado al consentimiento de su esposa, Jeanette Santiago Reyes, pero dicho consentimiento nunca habría sido otorgado. Precisó que ambos contrajeron matrimonio el 4 de abril de 1999, cuando él tenía 21 años y ella 16.
También cuestionó una constancia de posesión fechada el 7 de octubre de 2004, atribuida al entonces presidente seccional de Dzibalchén, Fernando Lara, en la que se asentó que Huitz Villarreal tenía más de 20 años de posesión. Rodríguez sostuvo que Huitz nació el 10 de marzo de 1978, por lo que tendría apenas seis años cuando supuestamente inició esa posesión. Añadió que la Presidencia Seccional informó al Ministerio Público que, tras revisar sus archivos, no encontró dicha constancia.
El dirigente reprochó que Alcudia Vázquez haya turnado a la propia jueza Cervantes Luna un escrito en el que se cuestiona su competencia, para que ella misma determine si puede conocer del caso. Sostuvo que, al tratarse de terrenos nacionales, corresponde a autoridades federales intervenir. También acusó a la juzgadora de haber negado ante un Juez de Amparo la invasión de El Porvenir, pese a que, afirmó, estarían ocupadas más de 120 hectáreas.
Ante la falta de respuesta que, dijo, han recibido del Gobierno del Estado, la Secretaría de Gobierno y el Congreso, los productores anunciaron que marcharán el 30 de septiembre. La movilización, en coordinación con protestas de productores de otras entidades, busca llegar a Campeche y permanecer frente al Palacio de Gobierno hasta obtener atención.
Finalmente, Rodríguez Gómez señaló que unas 300 hectáreas habían sido sembradas con sorgo antes del conflicto y que desconocen el destino de la cosecha. Por ello, adelantó que solicitarán que el dinero obtenido sea depositado ante el juzgado, para que sea entregado a quien resulte favorecido en el proceso, pues hasta ahora, afirmó, no existe sentencia que determine la propiedad de las tierras.
