Aunque ya no son los padres de familia los que mantienen tomadas las instalaciones del jardín de niños “Esther Rodríguez Meza”, ayer martes se cumplió el tercer día sin que haya clases en el plantel, pues tras la determinación de la Secretaría de Educación en Campeche (SEDUC) de sancionar a su personal, se quedaron sin intendente, quien no solo se encargaba de limpiar las instalaciones, sino también de abrir y cerrar los accesos a la escuela.
Luego de que el pasado 4 de junio se registró un escándalo en dicho kínder, los padres de familia exigieron la reinstalación de la directora, su secretaria y la intendente, bajo el argumento de que no había motivos para cambiarlas de plantel. La medida obedecía a una denuncia anónima acompañada de un video en que se observaba a las mujeres tomando cerveza dentro del plantel, en un hecho ocurrido hace más de un año.
La inconformidad de los paterfamilias cuando la supervisión escolar 027 y la SEDUC emitieron un comunicado considerando como inmorales las acciones de las tres administrativas ha mantenido desde la semana pasada a los estudiantes sin actividad; primero desde el viernes cuando los padres de familia decidieron tomar las instalaciones en exigencia para que reinstalen al personal, y desde el pasado lunes por falta de intendente que abra el portón.
Ayer martes, de nueva cuenta los menores no tuvieron clases porque la SEDUC sigue sin asignar un intendente, tampoco un director, y ninguna de las maestras del plantel ha aceptado hacerse cargo de las llaves; entonces, no existe nadie autorizado.
De acuerdo con la más reciente información proporcionada por la supervisora de Educación Preescolar de la Zona 027, Aurora Ceh Reina, cargos del Área Jurídica en contra de las tres mujeres no existirán, por lo que queda sin efecto la petición de los padres. En tanto, se urgió a la autoridad competente a determinar con celeridad al nuevo personal: intendente y director o directora, para que sean reanudadas las actividades escolares.
Según la versión de la supervisora, la medida sancionatoria con el traslado forzoso de las implicadas a otros municipios del estado se activó en tan solo 15 días, sin investigación interna, ni respeto al procedimiento administrativo que corresponde, lo que ha generado una ola de inconformidad y acusaciones de injusticia laboral.
“No justifico la acción, fue una falta, sí, pero no se siguió el debido proceso. La Secretaría no vino a investigar, no hubo citatorios previos, ni exhortos. Simplemente actuaron con un acta circunstanciada que yo no firmé ni autoricé. Se brincaron todos los pasos”, sostuvo.
Sobre el origen del video, relató que los hechos que se muestran en el clip ocurrieron el 22 de marzo de 2024, después de un desfile escolar en el malecón costero. Las implicadas regresaron al plantel a guardar los materiales del evento cuando una mujer que había sido contratada por los padres de familia para cuidar los baños y después fue despedida por falta de presupuesto, llegó con un “six” y las invitó a tomar una cerveza.
Pese a negarse inicialmente, accedieron, momento en el cual fueron grabadas. Ellas sabían que la acción estaba mal, pues se trataba de instalaciones educativas, por lo que en la indagatoria con el personal salió a la luz la molestia de la extrabajadora externa, que un año después cobró venganza.
“Fue un cuatro, porque casualmente después de que se armó el escándalo, el video circuló en redes sociales y con un texto donde mezclan cuestiones políticas, donde me involucran por ser tía de la secretaría, pero no voy a proteger a nadie, sólo que no estoy de acuerdo en las formas, ese video fue divulgado por la misma mujer en represalia por haber sido retirada del plantel”, dijo.
El castigo que debió ser impuesto es la suspensión laboral y de sueldo por ocho días, sin embargo, en una falta terrible dieron por hecho una carta anónima, sancionando con el traslado a las trabajadoras fuera de Ciudad del Carmen, separándolas de sus hogares y familias. La directora fue enviada a Champotón, otra trabajadora a Sabancuy, y la intendente a un ejido en Escárcega.
“Estas compañeras ya tenían organizada su vida aquí. Una de ellas cuida a su madre enferma. Este cambio no solo es laboral, es un castigo personal que afecta la estabilidad de sus familias”, reclamó la supervisora.
Ceh Reina reveló que ya se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado bajo los lineamientos de la Ley Olimpia, que protege los derechos de las mujeres frente a la difusión no consentida de imágenes privadas. También se planea una demanda civil por daño moral. Esta querella fue presentada por las tres afectadas, mientras que ella, en su carácter de supervisora, no descarta emprender acciones legales en su defensa, ya que se le ha señalado de encubrir o “alcahuetear” al personal implicado.
“Yo no estoy protegiendo a nadie. Una de ellas es mi sobrina, sí, pero tiene una plaza federal otorgada en otra administración. Lo que defiendo es el debido proceso y la integridad institucional. La escuela funciona bien, los padres están satisfechos, y no se puede destruir eso por chismes o venganzas personales”, explicó.
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No niega la falta cometida, pero denunció la forma en que se ejecutaron las sanciones, el trato diferencial frente a otros casos similares, y la falta de garantías para el personal educativo ante acusaciones sin fundamento ni procedimiento.
“Hay otros planteles con situaciones graves que no se atienden. Aquí, bastó un video viejo y un anónimo para arruinarle la vida a tres mujeres. No es justo”, sentenció.
JGH
