Una cita para obtener el pasaporte, una multa de tránsito que nunca existió o la promesa de conseguir una licencia de conducir sin hacer fila pueden terminar en el mismo lugar: una página falsa, un depósito de dinero y un trámite que jamás se realizó.
En Yucatán, los intentos de fraude mediante la suplantación de dependencias gubernamentales se han extendido a distintos servicios públicos, con engaños que comienzan en internet o en un mensaje de celular y, en ocasiones, se descubren hasta que la víctima acude a una oficina oficial.
El problema ya forma parte de la atención cotidiana en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Entre cuatro y cinco personas llegan diariamente a su sede de Mérida con supuestas citas o comprobantes de pago obtenidos mediante páginas ajenas a la institución, de acuerdo con la responsable de la Oficina de Pasaportes en Yucatán, Geovana Campos Vázquez.
La dependencia atiende aproximadamente 350 citas por día. Aunque los casos detectados representan una proporción pequeña de ese movimiento, muestran cómo los delincuentes aprovechan la necesidad de realizar trámites oficiales para cobrar por servicios gratuitos o recibir pagos que nunca llegan a las cuentas autorizadas.
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Algunos solicitantes descubren que la cita por la que pagaron no existe. Otros presentan comprobantes que aparentan acreditar los derechos de expedición del documento, pero que no corresponden a los mecanismos reconocidos por la Cancillería.
La funcionaria advirtió que las páginas fraudulentas reproducen elementos visuales de los portales gubernamentales para generar confianza. El usuario puede encontrar logotipos, nombres de dependencias y formatos semejantes a los auténticos, sin advertir que está proporcionando información a personas ajenas a la institución.
Sin embargo, todavía no se conoce cuánto dinero han perdido los afectados que llegan a la oficina de Mérida, cuántos presentaron denuncias ni si las autoridades han logrado identificar a los operadores de esas plataformas.
Un engaño, distintos trámites
Los pasaportes son el caso más reciente de una modalidad que las autoridades estatales han advertido en diferentes momentos: delincuentes que se presentan como representantes del Gobierno, envían notificaciones falsas o prometen resolver gestiones administrativas a cambio de dinero.
En febrero pasado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) alertó sobre ofrecimientos fraudulentos difundidos mediante Facebook, aplicaciones de mensajería y mensajes de texto.
Los responsables aparentaban tener vínculos con instituciones oficiales o capacidad para agilizar trámites y gestionar apoyos gubernamentales. Una vez establecido el contacto, solicitaban transferencias, depósitos o documentos personales.
La operación podía terminar cuando conseguían el dinero o la información buscada, sin que la gestión prometida se concretara.
En mayo surgió otra advertencia, ahora relacionada con el pago de supuestas multas y adeudos vehiculares.
Los mensajes llegaban a teléfonos celulares y exigían cubrir cantidades de dinero de inmediato para evitar sanciones. Los enlaces conducían a plataformas que no correspondían a los servicios oficiales del Gobierno del Estado.
La maniobra recurría a la presión: presentar el adeudo como urgente para que el destinatario pagara antes de comprobar su autenticidad.
El 7 de julio, la administración estatal volvió a alertar sobre comunicaciones enviadas por mensajes de texto y WhatsApp que simulaban notificaciones de cobro por infracciones de tránsito e impuestos.
En esa ocasión, el Gobierno aclaró que sus dependencias no envían enlaces de pago mediante esos servicios de mensajería y exhortó a los ciudadanos a consultar sus obligaciones directamente en las plataformas institucionales.
La advertencia también señaló el riesgo de proporcionar datos personales y bancarios a través de sitios desconocidos.
La misma modalidad había sido identificada años antes en otros servicios. En diciembre del 2020, la SSP informó que investigaba ofertas de expedición y renovación de licencias de conducir promovidas mediante perfiles de Facebook.
Los anuncios prometían documentos de entrega inmediata, sin citas ni evaluaciones. La Policía Estatal de Investigación abrió una carpeta para reunir evidencias sobre esos ofrecimientos y posibles casos de utilización indebida de identificaciones personales.
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Los antecedentes muestran la diversidad de procedimientos utilizados como señuelo. No obstante, la información disponible no permite establecer que todos los casos sean responsabilidad de una misma organización delictiva.
Páginas que parecen oficiales
Los fraudes no dependen necesariamente de sistemas informáticos complejos. Su principal recurso es conseguir que una persona confunda una página fraudulenta con la de una dependencia pública.
En julio del 2024, la SRE advirtió sobre sitios de internet que imitaban sus dominios y ofrecían programar citas para pasaportes.
La Cancillería reiteró durante el 2026 que reservar un turno es completamente gratuito y que no se necesita contratar intermediarios.
La diferencia entre la cita y el pasaporte resulta decisiva: conseguir una fecha de atención no tiene costo, pero la expedición del documento sí requiere cubrir derechos federales.
Esos pagos deben realizarse mediante instituciones bancarias autorizadas, ya sea en sucursal o a través de sus servicios de banca electrónica. No deben transferirse a cuentas personales ni enviarse mediante enlaces proporcionados por supuestos gestores. Tampoco se recibe efectivo por derechos de pasaporte dentro de las oficinas de la Cancillería.
El procedimiento correcto consiste en obtener la cita mediante los canales oficiales, recibir la confirmación y utilizar las referencias autorizadas para efectuar el pago correspondiente.
Las páginas falsas aprovechan precisamente esa separación entre la programación del turno y el pago del documento. Pueden cobrar por conseguir una fecha, solicitar anticipos inexistentes o entregar comprobantes sin ninguna validez administrativa. El peligro tampoco termina con la pérdida de dinero.
La advertencia se repite
El problema ha motivado recomendaciones tanto estatales como federales.
En febrero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que los mensajes sobre multas inexistentes utilizan logotipos, colores y tipografías semejantes a los oficiales.
También recurren a frases que advierten sobre recargos, sanciones o pagos pendientes para presionar a los destinatarios.
En julio, la dependencia federal reiteró que estas comunicaciones pueden presentarse mediante correos electrónicos, mensajes de texto y aplicaciones de mensajería, con enlaces dirigidos a sitios preparados para obtener dinero o información financiera.
Las recomendaciones coinciden en un punto: la presencia de un escudo, un logotipo gubernamental o un mensaje aparentemente oficial no demuestra que quien solicita el pago esté autorizado para hacerlo.
Sin una cifra del daño
Pese a la recurrencia de las advertencias, no se dispone de un balance público que permita dimensionar las pérdidas económicas asociadas con estas modalidades en Yucatán.
Los cuatro o cinco casos diarios identificados en la oficina de pasaportes representan personas que llegaron con documentación sin validez. No equivalen necesariamente a denuncias penales ni permiten calcular cuántos ciudadanos fueron engañados sin acudir a esa sede.
Tampoco se conoce cuántas páginas fraudulentas relacionadas con servicios públicos han sido desactivadas, cuántos responsables han sido identificados o qué cantidad de dinero ha podido recuperarse.
Mientras tanto, la situación observada en Mérida muestra una consecuencia concreta: ciudadanos que llegan a realizar una gestión y descubren que el dinero entregado o el turno obtenido no tienen reconocimiento oficial.
