La supervisora de la zona escolar 027 de nivel preescolar, Aurora Ceh Reina, acusó públicamente irregularidades y omisiones por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (SEDUC) en el caso de tres trabajadoras del Jardín de Niños "Esther Rodríguez Meza", quienes fueron sancionadas y reubicadas tras la filtración de un video donde se les observa ingiriendo bebidas alcohólicas dentro del plantel, en un hecho ocurrido hace más de un año.
Tras el comunicado emitido por la SEDUC, donde informa que las tres implicadas fueron reubicadas a otros centros escolares, luego de que se evidenciara su participación en actos considerados inmorales dentro del plantel, señala que, como autoridad educativa, tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos y apegarse al marco legal que rige la administración pública, pero además tiene el compromiso con el respeto irrestricto al interés superior de la niñez, principio constitucional y convencional que rige las acciones del sector educativo, en concordancia con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, la máxima autoridad de la zona donde se ubica el Jardín de Niños, dijo que la versión no es como la muestra dicha dependencia.
Según la versión de la supervisora, la medida sancionatoria con el traslado forzoso de las implicadas a otros municipios del estado se activó en tan solo 15 días, sin investigación interna, ni respeto al procedimiento administrativo que corresponde, lo que ha generado una ola de inconformidad y acusaciones de injusticia laboral.
"No justifico la acción, fue una falta, sí, pero no se siguió el debido proceso. La Secretaría no vino a investigar, no hubo citatorios previos, ni exhortos. Simplemente actuaron con un acta circunstanciada que yo no firmé ni autoricé. Se brincaron todos los pasos", sostuvo.
Origen del video y posible venganza
Cuestionada sobre el origen del video, relató que, tras lo difundido en redes sociales, donde incluso ella misma estaba conmocionada, pues desconocía cuál era el motivo del cese de las tres trabajadoras, se dedicó a realizar la investigación que la SEDUC no hizo. Supo que los hechos que se muestran en el clip ocurrieron el 22 de marzo de 2024, después de un desfile escolar en el malecón costero.
Las implicadas—la directora, la secretaria y una intendente— regresaron al plantel a guardar los materiales del evento, cuando una mujer que había sido contratada por los padres de familia para cuidar los baños y después despedida por falta de presupuesto, llegó con un six y las invitó a tomar una cerveza.
Pese a negarse inicialmente, accedieron, momento en el cual fueron grabadas. Ellas sabían que la acción estaba mal, pues se trataba de instalaciones educativas, por lo que, en la indagatoria con el personal, salió a la luz que la molestia de la ex trabajadora fue lo que motivó la filtración del video un año después como venganza.
"Fue un cuatro, porque casualmente después de que se armó el escándalo, el video circuló en redes sociales y con un texto donde mezclan cuestiones políticas, donde me involucran por ser tía de la secretaria. No voy a proteger a nadie, solo que no estoy de acuerdo en las formas. Ese video fue divulgado por la misma mujer, en represalia por haber sido retirada del plantel por falta de recursos económicos para seguir pagándole", dijo.
Denuncias legales en curso
El castigo que debió ser impuesto es la suspensión laboral y de sueldo por ocho días, sin embargo, a decir de la supervisora, es una falta terrible que, siendo una autoridad educativa, no se realizara una investigación y se diera por hecho una carta anónima, sancionando además con el traslado de las trabajadoras fuera de Ciudad del Carmen, separándolas de sus hogares y familias.
La directora fue enviada a Champotón, otra trabajadora a Sabancuy, y la intendente a un ejido en Escárcega.
"Estas compañeras ya tenían organizada su vida aquí. Una de ellas cuida a su madre enferma. Este cambio no solo es laboral, es un castigo personal que afecta la estabilidad de sus familias", reclamó la supervisora.
Tintes políticos y falta de transparencia
Ceh Reina reveló que ya se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, bajo los lineamientos de la Ley Olimpia, que protege los derechos de las mujeres frente a la difusión no consentida de imágenes privadas. También se planea una demanda civil por daño moral, esta querella fue presentada por las tres afectadas, mientras que ella, en su carácter de supervisora, no descarta emprender acciones legales en su defensa, ya que se le ha señalado de encubrir o “alcahuetear” al personal implicado, algo que no hará.
"Yo no estoy protegiendo a nadie. Una de ellas es mi sobrina, sí, pero tiene una plaza federal otorgada en otra administración. Lo que defiendo es el debido proceso y la integridad institucional. La escuela funciona bien, los padres están satisfechos, y no se puede destruir eso por chismes o venganzas personales", explicó.
La supervisora también señaló directamente a la jefa de departamento, Gretty Aguilar Camejo, por actuar sin respetar las jerarquías educativas.
"Me han rebasado como autoridad inmediata del plantel. Me excluyeron del proceso, tomaron decisiones por encima de mí, y ahora incluso me acusan de obstruir justicia", declaró.
Lamentó que el caso haya tomado tintes políticos, especialmente por la rapidez con la que se ejecutaron los movimientos de personal y por la desproporcionada atención mediática que recibió el video tras su difusión.
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"Esto explotó en redes, llegó hasta medios internacionales, y todo en cuestión de horas. Fue un bombardeo armado. No es casualidad", expresó.
La supervisora concluyó reiterando que no se niega la falta cometida, pero denunció la forma en que se ejecutaron las sanciones, el trato diferencial frente a otros casos similares, y la falta de garantías para el personal educativo ante acusaciones sin fundamento ni procedimiento.
"Estoy preocupada, no solo por este caso, sino porque hay otros planteles con situaciones graves que no se atienden. Aquí, en cambio, bastó un video viejo y un anónimo para arruinarle la vida a tres mujeres. No es justo. No podemos seguir permitiendo decisiones arbitrarias ni linchamientos sin investigar", sentenció.
