Políticos de oposición cuestionaron que la lucha contra la corrupción emprendida por el Gobierno del Estado pueda convertirse en una herramienta de persecución política contra exfuncionarios y actores vinculados con administraciones anteriores. Los señalamientos surgieron tras el inicio de carpetas de investigación por presuntos delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.
El PRI y Movimiento Ciudadano (MC) pidieron que las indagatorias se conduzcan con pruebas sólidas y bajo el principio de debido proceso, y reclamaron que las instituciones no sean utilizadas para intimidar a adversarios políticos.
Noticia Destacada
Ordenan al PRI en Campeche pagar 146 mil pesos a extrabajadora; tendría cinco días para cumplir
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionó la estrategia estatal, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informara que en los últimos cinco años abrió 55 casos por presuntos delitos contra la administración pública, por un monto cercano a 44 millones de pesos.
El dirigente estatal priista, Ricardo Medina Farfán, sostuvo que el actual gobierno convirtió el combate a la corrupción en una de sus principales banderas, pero afirmó que existen cuestionamientos sobre la integración de algunos expedientes y la solidez de las pruebas. Señaló que diversas investigaciones se han sustentado en elementos sesgados y sin evidencia clara, y que algunas han obtenido resoluciones desfavorables en autoridades judiciales federales, lo que afecta la credibilidad de la estrategia anticorrupción.
Desde Movimiento Ciudadano, el coordinador parlamentario Pedro Armentia López también cuestionó el uso de las instituciones investigadoras por parte de las autoridades estatales. Señaló que estas instancias no deben convertirse en herramientas de coacción para silenciar a actores políticos no afines al Gobierno.
Como ejemplo, mencionó el caso de Carlos “N”, detenido por su presunta relación con hechos ocurridos durante la administración de Carlos Miguel Aysa González. Armentia López exigió que se respete el debido proceso en cada investigación.
Los señalamientos de la oposición se producen en un contexto de investigaciones por presunta malversación de recursos públicos, incluso en casos donde algunos señalados habrían aceptado responsabilidad y devuelto fondos.
Los partidos opositores sostuvieron que cualquier irregularidad debe investigarse y sancionarse cuando existan elementos suficientes, pero rechazaron que las indagatorias respondan a intereses políticos, advirtiendo que la estrategia puede perder legitimidad y ser percibida como venganza política.
