Petróleos Mexicanos (PEMEX) continúa sin cumplir resoluciones legales y una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pese a que Juan Rovirosa Andrade enfrenta una grave enfermedad y lleva años sin recibir salario ni prestaciones. Así lo denunció Mayra Alcántar Schettino, esposa del ingeniero, quien señaló directamente a funcionarios del área jurídica de PEMEX como responsables de frenar el proceso, asegurando que han recibido evasivas constantes y promesas incumplidas sobre la resolución del caso.
En entrevista, Alcántar Schettino explicó que desde octubre de 2025 su esposo ganó dos laudos laborales: uno que ordena la restitución de su plaza a bordo y otro que establece su jubilación por motivos de salud. Sin embargo, acusó que la empresa no ha dado cumplimiento a dichas resoluciones.
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Detalló que el ingeniero Rovirosa fue enviado a la cláusula 122 sin un peritaje médico que justificara la decisión, lo que derivó en que desde 2020 dejara de percibir ingresos, a pesar de haber laborado 39 años en PEMEX. Ante la falta de respuesta, la familia recurrió a la presidenta de México, quien recibió el caso en febrero de 2026 y giró instrucciones para que se atendiera conforme a derecho y se concretara la jubilación. No obstante, a la fecha no se ha ejecutado dicha indicación.
La denunciante señaló directamente a Diana Gabriela Martínez Iribarren, directora jurídica de PEMEX, como responsable de frenar el proceso. Mientras tanto, la salud del ingeniero Rovirosa se ha deteriorado: inicialmente fue diagnosticado con un adenocarcinoma sinonasal que avanzó hacia el ojo, y actualmente presenta metástasis en esófago, estómago y cadera.
“Han pasado seis años sin apoyo, sin salario, sin nada; ellos han de pensar que el cáncer de mi esposo dice esperaré mientras el cáncer sigue avanzando. Él entregó toda su vida a PEMEX y hoy lo vemos apagado, decepcionado, mientras la enfermedad avanza”, expresó Alcántar Schettino.
La familia cuenta con el respaldo legal de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), aunque reconocen que la carga económica y emocional ha sido cada vez más difícil de sostener. Finalmente, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se haga valer la ley y se cumpla la instrucción presidencial, con la esperanza de que Rovirosa pueda acceder a su jubilación y contar con recursos para enfrentar su enfermedad.
