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Campeche / Ciudad del Carmen

Pablo Gutiérrez Lazarus y Priscila Heredia enfrentan posible destitución

El Ayuntamiento de Carmen y el Instituto Municipal de la Mujer enfrentan un incidente de inejecución de sentencia por incumplir un laudo laboral de 4.6 millones de pesos.

Pablo Gutiérrez Lazarus y Priscila Heredia enfrentan posible destitución
Pablo Gutiérrez Lazarus y Priscila Heredia enfrentan posible destitución

El presidente municipal de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus y la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Priscila Isabel Heredia Novelo podrían enfrentar multas económicas y la destitución del cargo por negarse a cumplir con el pago de un laudo laboral superior a 4.6 millones de pesos en favor de una extrabajadora del Instituto Municipal de la Mujer.

La falta de pago, pese a existir una resolución laboral firme desde 2019, provocó que el Juzgado Tercero de Distrito enviara el caso al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito para analizar un incidente de inejecución de sentencia, ante la negativa de concluir un conflicto de nueve años de litigio.

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El laudo, derivado del expediente 651/2015, ordena el pago de 4 millones 675 mil 258.75 pesos en favor de Brenda Guadalupe Villalobos Hernández. Sin embargo, las diligencias judiciales señalan que la comuna de Carmen y las autoridades responsables no han acreditado el cumplimiento total de esa obligación.

El ordenamiento exhibe una de las principales críticas contra la administración de Pablo Gutiérrez Lazarus: el incumplimiento de resoluciones judiciales que afectan a trabajadores y a las finanzas públicas.

La juzgadora federal determinó el 17 de junio de 2026 que existían elementos suficientes para considerar que la sentencia de amparo no había sido cumplida en los términos ordenados. Por ello, el expediente fue turnado al Tribunal Colegiado, que deberá decidir si existe un desacato que amerite medidas más severas.

El caso también coloca en una posición incómoda a la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Priscila Heredia Novelo, señalada por la falta de cumplimiento de la resolución, mientras la extrabajadora continúa esperando el pago reconocido por la autoridad laboral.

Han transcurrido siete años desde el inicio del litigio y casi siete años desde el laudo, sin que la trabajadora reciba lo ordenado por los tribunales. Ahora será el Tribunal Colegiado quien