Antropólogo Jorge Franco Cáceres
Ante las dimensiones adquiridas por la corrupción pública y la impunidad privada durante la dictadura tecnocrática, ¿por qué no investigar desde los poderes del Estado mexicano a las empresas y corporativos que consiguieron las contrataciones de los megaproyectos durante los últimos 36 años?
Pocos sabemos sobre qué sucedió con las empresas nacionales y los corporativos transnacionales que, sea por licitaciones abiertas o mediante asignaciones soterradas, consiguieron concesiones, transferencias, asignaciones, etc., durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Hablamos de contrataciones que, con o sin despliegues publicitarios de los gobiernos federales y estatales, consiguieron una enorme cantidad de entidades privadas para encargos oficiales de construcción, operación, explotación, exploración, etc., y que les permitieron hacerse de patrimonios nacionales, bienes comunales y recursos públicos.
Nadie de la Cuarta Transformación (4T) se ha atrevido a declarar cuándo ocurrieron las transacciones de los megaproyectos y menos cómo concluyeron en cada sexenio. Tampoco nos han comunicado qué entidades privadas fueron favorecidas, qué compromisos adquirieron, qué resultados consiguieron, qué problemas dejaron, etc., para conocer si generaron algún beneficio social o únicamente fueron de lucro particular.
Si comenzamos por el sexenio de Enrique Peña Nieto, encontramos que hubo licitaciones y asignaciones para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el tren de alta velocidad México-Querétaro, el Acueducto Monterrey IV, la Refinería Bicentenario de Tula, el tramo Jantetelco-El Higuerón de la Autopista del Sol, la carretera de 74 kilómetros que unirá los municipios mexiquenses de Atizapán y Atlacomulco, la construcción de las autopistas Cardel-Poza Rica, en Veracruz, y Tuxpan-Tampico, etcétera.
De acuerdo con su marcada preferencia por los contratistas mexiquenses, procedieron también las transacciones para la carretera Toluca-Naucalpan, el Tren México-Toluca, el tramo de la Autopista del Sol conocido como Paso Exprés, el Canal Centenario, la “obra del siglo” del Gran Canal de Nayarit, el Complejo Etileno XXI, la construcción de 9 gasoductos y las 14 centrales eléctricas a las que estaban conectados, la carretera Mazatlán-Durango y la carretera de La Valenciana a Mineral de la Luz, entre otros.
Los casos de dimensiones colosales de corrupción pública e impunidad privada durante el sexenio peñista correspondieron a los megaproyectos turísticos e inmobiliarios en las zonas costeras y a las rondas privatizadoras para la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, observamos que hubo licitaciones y asignaciones para el megaproyecto turístico “Cabo Cortés” en la Bahía de Cabo Pulmo, la Estela de Luz del Bicentenario de la Independencia, la Refinería Bicentenario, la remodelación de la Cineteca Nacional, el Puente Baluarte, el Puente Albatros, el TEO o Túnel Emisor Oriente, la Planta de Tratamiento de Atotonilco, etcétera.
Se reclamó también a Felipe Calderón que hiciera alarmantes las concesiones del territorio nacional a empresas mineras mexicanas y negocios extranjeros, que afectaron los municipios de Tetela de Ocampo, Libres, Ixtacamaxtitlán, Zacapoaxtla, Zautla, Zacatlán, Xicotepec, Teziutlán, Hueyapan y Tlatlauquitepec.
Además de los megaproyectos mineros, hubo protestas contra otros proyectos de hidroeléctricas para las minas o para privatizar la generación de energía eléctrica. Se le reclamó que, con la explotación minera a cielo abierto y la construcción de hidroeléctricas por empresas nacionales y corporativos transnacionales, los impactos serían profundos, dañinos y permanentes para la población actual y futuras generaciones.
En la gestión de Vicente Fox Quesada, las licitaciones y asignaciones fueron para el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional en Texcoco, la Biblioteca Vasconcelos, el Proyecto Hidroeléctrico “La Parota” sobre el Río Papagayo, etc. En 1996, Ernesto Zedillo anunció el Megaproyecto del Istmo y después el gobierno de Vicente Fox lanzó el Plan Puebla-Panamá, en el que pretendía megaproyectos petroleros y corredores agroindustriales en varias zonas, incluidas las del Istmo, Quintana Roo y Campeche.
El golpe más fuerte en México contra los megaproyectos del gobierno de Fox fue la victoria de los ejidatarios en Atenco contra la construcción del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Tras meses de lucha, con saldo de un muerto y varios heridos en confrontaciones con las fuerzas policíacas, la resistencia en Atenco obligó al gobierno foxista a recular en las transacciones y a rescindir las órdenes de expropiación de 5,300 hectáreas de tierras productivas.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe demostrar que no favorece a los megaproyectos por encima de las comunidades indígenas y los derechos ejidales, que sostienen litigios por sus espacios ancestrales y sus territorios tradicionales contra las mineras en Sonora, en Puebla, en Coahuila y otras regiones del país.
Y para hacerlo de modo consecuente con el cambio democrático y la transformación republicana, le corresponde mostrar al pueblo mexicano que combate la corrupciión pública y la impunidad privada desde las investigaciones oficiales de las contrataciones de megaproyectos durante la dictadura tecnocrática.
No basta con que el presidente de la República niegue que su gobierno tenga algo que ver con ellos, acusándolos de que sus transacciones responden a un concepto neoliberal que no obedece a la nueva realidad de la Cuarta Transformación en México.