El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al imponer sanciones económicas a cinco de sus principales líderes, incluido su máximo dirigente Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho’.
Las medidas fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro, en coordinación con el Departamento de Estado, y tienen como objetivo frenar las operaciones de narcotráfico y violencia atribuibles a esta organización criminal.
“El reinado de terror del CJNG en México y su tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos han destruido innumerables vidas inocentes”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro, al anunciar la designación bajo la Ley Kingpin, que bloquea los bienes y activos de los involucrados en territorio estadounidense.
Entre los sancionados se encuentra Ricardo Ruiz Velasco, conocido como ‘el Doble R’, señalado como autor de múltiples ataques armados y presunto responsable del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok.
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El crimen conmocionó a miles de usuarios, ya que la joven fue atacada frente a más de 15 mil espectadores desde su local en Jalisco.
Además de ‘el Mencho’ y ‘el Doble R’, también fueron sancionados Julio Alberto Castillo Rodríguez (‘el Chorro’), yerno del líder y considerado posible sucesor; Gonzalo Mendoza Gaytán (‘el Sapo’), acusado de reclutamiento masivo; y Audias Flores Silva (‘el Jardinero’), presunto operador de laboratorios clandestinos de metanfetamina.
Las sanciones implican el congelamiento de todos sus bienes en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Estado mantiene vigente una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a la captura de el Mencho, y hasta 5 millones de dólares por el Jardinero.
Este nuevo golpe financiero contra el CJNG se enmarca en la creciente presión internacional para frenar la crisis del fentanilo y el auge de la violencia criminal transnacional.
En México, las autoridades estatales mantienen abierta la investigación por el asesinato de Márquez bajo el protocolo de feminicidio.
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