La justicia de Venezuela otorgó la noche del viernes 20 de febrero de 2026 la libertad a 379 presos políticos, un día después de que la Asamblea Nacional aprobó una histórica ley de amnistía para detenciones vinculadas con conflictos políticos del país, informó el diputado Jorge Arreaza, quien supervisa la implementación de la norma legal en marcha.
La ley fue promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y busca ser un paso significativo hacia la construcción de una Venezuela “más democrática, más justa y más libre”, según sus palabras difundidas por medios oficiales durante un discurso televisado.
Liberación y proceso de excarcelación
Arreaza explicó que los 379 beneficiarios de la amnistía “deben ser excarcelados entre la noche del viernes y la mañana del sábado” como parte de la implementación de la nueva ley.
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Esta liberación se produce después de que desde el 8 de enero, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación estadounidense, se otorgaron libertades condicionales a otros opositores, aunque aún quedan muchos detenidos antes de este nuevo paquete de excarcelaciones, según cifras de organizaciones de derechos humanos.
Críticas y límites de la ley de amnistía
A pesar de la recepción oficial positiva, expertos y organizaciones han cuestionado el alcance real de la amnistía, ya que la normativa excluye a personas acusadas de delitos considerados graves, como violaciones de derechos humanos, homicidio, narcotráfico y corrupción, y podría dejar fuera a militares implicados en acciones “terroristas” o rebeldes.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó la medida como un paso “trascendental” para la estabilidad nacional, mientras que Rodríguez señaló que la amnistía representa un acto de grandeza y reconciliación.
Aunque la ley fue aprobada por consenso en el Parlamento, activistas y familiares de presos mantienen reservas sobre su aplicación práctica, en especial por las condiciones que seguirán bajo supervisión judicial.
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