El Gobierno de Eslovenia confirmó las bases de un proyecto de ley que busca prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años, incluyendo plataformas como “TikTok” y “Snapchat”, con el argumento central de proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.
La iniciativa aún no es ley: antes de avanzar con el texto definitivo, el Ministerio de Transformación Digital y especialistas deberán emitir opiniones técnicas sobre el alcance y la viabilidad del planteamiento.
El viceprimer ministro Matej Arčon enmarcó el tema como una discusión que se ha vuelto prioritaria en Europa y sostuvo que la decisión pretende enviar un mensaje político sobre la protección de la infancia.
La apuesta eslovena llega en un momento en el que varios gobiernos se mueven hacia límites de edad más estrictos o hacia sistemas más robustos de verificación, ante la presión social por frenar riesgos asociados a redes: exposición a contenido inapropiado, acoso, captación y dinámicas adictivas.
Qué propone Eslovenia y qué sigue antes de que sea ley
El anuncio confirmado por el Ejecutivo esloveno se centra en las “bases” del proyecto, lo que anticipa un proceso de revisión con expertos y dependencias antes de presentar o afinar el articulado.
En paralelo, el debate europeo se ha orientado no solo a prohibiciones, sino a mecanismos de verificación de edad y responsabilidades para plataformas, un punto clave por sus implicaciones en privacidad y aplicación práctica.
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En el ámbito comunitario, el Parlamento Europeo ha planteado una “mayoría digital” de 16 años para el acceso a redes sociales, con la posibilidad de consentimiento parental entre 13 y 16, como recomendación no vinculante.
Von der Leyen y la presión política: panel de expertos y “mayoría digital”
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respaldado la discusión sobre una edad mínima para redes sociales y anunció un panel de expertos para evaluar qué acciones tendrían sentido a nivel europeo, reflejando que el tema ya escaló a la agenda política de alto nivel.
En el corto plazo, el caso esloveno pone una pregunta al centro: cómo proteger a menores sin abrir la puerta a mecanismos invasivos. La respuesta —y el impacto real— dependerá de la letra fina del proyecto y, sobre todo, de cómo se piense su implementación.
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