Las nuevas disposiciones del gobierno de Donald Trump en materia migratoria y laboral han generado preocupación entre trabajadores agrícolas en Estados Unidos.
Aunque las medidas contemplan un aumento significativo en la contratación de jornaleros extranjeros con visa H-2A, también implican una reducción considerable en sus ingresos.
De acuerdo con un análisis del Economic Policy Institute, los cambios en la metodología para calcular los salarios de estos trabajadores provocarán una disminución de entre 26 y 32 por ciento en sus sueldos.
Este ajuste impacta directamente a una fuerza laboral compuesta en su mayoría por mexicanos, quienes representan cerca del 90 por ciento de los beneficiarios de este programa.
¿Qué cambia con las nuevas reglas para trabajadores agrícolas?
Las modificaciones permiten que los empleadores paguen menos a los trabajadores temporales al redefinir los criterios salariales. En términos prácticos, esto significa que los jornaleros podrían perder entre tres y siete dólares por hora.
Además, ahora se autoriza a los empleadores a descontar hasta 30 por ciento del salario por concepto de alojamiento, un gasto que anteriormente era asumido por los patrones. Esta medida reduce aún más el ingreso neto de los trabajadores.
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Más visas, pero menor ingreso para el campo
Pese al recorte salarial, el gobierno estadounidense proyecta un incremento en la contratación de trabajadores agrícolas temporales. Se estima que el número de visas H-2A crecerá de manera sostenida en los próximos años.
Esta expansión responde a la necesidad de cubrir la demanda laboral en el campo, especialmente ante la expectativa de una menor disponibilidad de trabajadores indocumentados debido a políticas migratorias más estrictas.
Sin embargo, especialistas advierten que esta combinación de mayor oferta laboral y menores salarios podría afectar también a trabajadores estadounidenses, con una posible reducción generalizada en los ingresos del sector agrícola.
Críticas y acciones legales contra la medida
Las nuevas reglas han sido cuestionadas por sindicatos y organizaciones civiles, que consideran que la política beneficia principalmente a los empleadores en detrimento de los trabajadores.
La Unión de Campesinos y otras agrupaciones han iniciado acciones legales para frenar la implementación de estos cambios, al tiempo que legisladores demócratas impulsan iniciativas para limitar el número de visas y proteger las condiciones laborales.
El debate se centra en el equilibrio entre garantizar mano de obra para el campo estadounidense y evitar la precarización de los trabajadores, en un contexto donde la agricultura depende en gran medida de la fuerza laboral migrante.
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