El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, han sido detenidos 26 presuntos integrantes de cárteles mexicanos, como parte de una estrategia de combate al crimen organizado transnacional.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia detalló que, en total, se han capturado 93 personas vinculadas a organizaciones catalogadas como terroristas extranjeras, una clasificación que el propio gobierno estadounidense amplió desde el inicio de la actual administración.
¿Qué cárteles mexicanos están involucrados?
De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones incluyen miembros de algunos de los principales grupos criminales de México. Entre ellos destacan:
- 11 integrantes del Cártel de Sinaloa
- 11 de La Nueva Familia Michoacana
- 3 del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- 1 del Cártel del Noreste
Estas cifras reflejan el alcance de las operaciones realizadas por autoridades estadounidenses en su territorio, donde dichas organizaciones mantienen redes de operación vinculadas principalmente al tráfico de drogas, pero también a delitos como extorsión y trata de personas.
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Detenciones de otras organizaciones criminales
El informe también incluye acciones contra grupos delictivos de otros países. Entre ellos se encuentran miembros del Tren de Aragua, de origen venezolano, así como integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y otras organizaciones con presencia en América Latina.
Estas detenciones forman parte de una estrategia más amplia para frenar la expansión de redes criminales internacionales que operan en Estados Unidos y otras regiones.
Cárteles mexicanos como organizaciones terroristas
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el gobierno estadounidense designó como organizaciones terroristas a seis cárteles mexicanos, incluyendo el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, entre otros.
Esta clasificación ha permitido endurecer las medidas legales y operativas contra estos grupos, ampliando el margen de acción de las autoridades para perseguir sus actividades dentro y fuera del territorio estadounidense.
El anuncio refuerza la política de seguridad del gobierno de Estados Unidos frente al crimen organizado, en un contexto donde los cárteles mexicanos mantienen presencia internacional y continúan siendo un factor clave en la dinámica de violencia y tráfico ilícito en la región.
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