Con 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la nueva Ley General de Aguas, y que además reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992.
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¿Qué propone la nueva Ley General de Aguas?
La nueva legislación se fundamenta en el Artículo 4º de la Constitución, que reconoce el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico. Entre sus principales objetivos están:
- Garantizar el acceso equitativo al agua, especialmente en comunidades rurales y marginadas.
- Reorganizar el manejo, concesión y supervisión del recurso hídrico en México.
- Combatir el acaparamiento y la corrupción en el uso del agua, promoviendo transparencia en concesiones.
- Fortalecer la participación ciudadana en la gestión del agua, incluyendo consejos comunitarios y vigilancia social.
- Priorizar el uso doméstico y ambiental sobre el industrial y agrícola en zonas de escasez.
Durante la sesión, que se prolongó por más de 24 horas, se discutieron decenas de reservas y se enfrentaron posturas encontradas entre legisladores de distintas bancadas. Morena, PT y PVEM respaldaron el dictamen, mientras que PRI, PAN y MC votaron en contra, argumentando que el proceso fue apresurado y que la ley podría afectar al sector agrícola por falta de claridad en su implementación.
¿Cuáles son los cambios?
Entre los cambios más relevantes, la nueva Ley General de Aguas prioriza el uso doméstico y ambiental sobre el industrial y agrícola en zonas de escasez, promueve la participación ciudadana en la gestión del agua mediante consejos comunitarios, y obliga a transparentar todas las concesiones y usos del recurso. También se establece un enfoque descentralizado, con mayor vigilancia social y control comunitario, en contraste con el modelo técnico y centralizado que caracterizaba a la Ley de Aguas Nacionales.
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La minuta será enviada al Senado de la República, donde se prevé una discusión acelerada en los próximos días. Diversos colectivos ambientalistas y organizaciones campesinas han solicitado que se abra un proceso de consulta más amplio antes de su promulgación.
