En medio de la creciente preocupación por la seguridad en áreas estratégicas como las plataformas marinas de la Sonda de Campeche, el Senado de la República aprobó por unanimidad una serie de reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permitirán a funcionarios de empresas paraestatales, órganos autónomos y empresas de seguridad privada portar armas de fuego, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
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Con 105 votos a favor, los senadores de todos los partidos avalaron el dictamen que ahora fue turnado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para su promulgación. La iniciativa había sido enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de fortalecer la protección de instalaciones estratégicas ante delitos como los cometidos por piratas modernos en alta mar.
Entre las dependencias que podrán acceder a licencias de portación de armas están Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Banco de México, la Casa de Moneda y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esto representa un cambio relevante para Pemex, que ha denunciado repetidamente los actos delictivos que sufren sus trabajadores en las plataformas, quienes hasta ahora se encontraban desarmados frente a bandas delictivas.
El nuevo marco legal también endurece las sanciones por tráfico ilegal y uso indebido de armas o explosivos: se contemplan penas de hasta 50 años de prisión por la fabricación o uso de artefactos explosivos improvisados, como drones explosivos o bombas caseras, especialmente si están ligados a la delincuencia organizada. Además, se sancionará con hasta 45 años de cárcel y multas mayores a 339 mil pesos a quienes trafiquen armas en el país.
Otras disposiciones incluyen regulaciones específicas para charrerías, cacería y seguridad privada, así como prohibiciones expresas al uso de accesorios ilegales como miras térmicas o equipos de visión nocturna, que podrían facilitar delitos. Asimismo, se establecen criterios modernos sobre posesión y modificación de armas, además de promover campañas permanentes de desarme y cultura de paz en los tres niveles de gobierno.
Con estas reformas, el Estado busca blindar las zonas clave del país y ofrecer herramientas legales para que instituciones como Pemex puedan defenderse ante el crimen organizado, especialmente en regiones donde la presencia de autoridades es limitada y los ataques a personal técnico y operativo se han vuelto cada vez más frecuentes.
JGH
