La Fiscalía General de la República (FGR) recibió carta abierta para ejecutar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, después de que la jueza Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal, dejara sin efecto la suspensión definitiva que lo mantenía en libertad provisional.
En un acuerdo notificado la noche del domingo, la juzgadora sostuvo que el político —quien encabezó el Ejecutivo estatal entre 2015 y 2021— no depositó la garantía de un millón de pesos ni compareció personalmente ante la jueza de la causa penal, condiciones fijadas el 14 de mayo para conservar el amparo.
Al no cumplir, “se deja sin efectos la suspensión”, versa el documento, lo que reactiva la orden de captura por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
La acusación central apunta a un quebranto de 3 mil 412 millones de pesos: durante su administración, Aureoles y varios exfuncionarios habrían comprado siete cuarteles de la Guardia Civil —ubicados en Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro— con sobreprecios millonarios.
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Jueza frena captura de Silvano Aureoles por desvío millonario y la FGR anuncia denuncia en su contra
Por el mismo expediente ya están vinculados a proceso cuatro excolaboradores de primer nivel en la Secretaría de Seguridad Pública michoacana.
Fuentes federales confirmaron que la Policía Ministerial y la Interpol México fueron alertadas para evitar una eventual fuga al extranjero.
El propio Aureoles, quien en 2023 buscó la precandidatura presidencial del PRD, ha negado los cargos y acusa “persecución política”, aunque su equipo legal no ha emitido postura tras el revés judicial.
Con la suspensión anulada, el caso se perfila como uno de los procesos anticorrupción más sonados del sexenio de Claudia Sheinbaum, pues implica recursos federales destinados a seguridad pública y exhibe presuntas redes de lavado en la construcción de infraestructura policial.
La FGR dispone ahora de todos los recursos legales para detener al exmandatario y presentarlo ante el juez que giró la orden original, paso previo para determinar su vinculación a proceso y eventual prisión preventiva.
IO
