El empresario Manfred Mauricio Quintanilla Hernández afirmó que la disputa legal que enfrenta tiene como eje un presunto despojo patrimonial derivado de prácticas financieras irregulares y no de conductas ilícitas de su parte. En un posicionamiento público, sostuvo que el conflicto se originó tras detectar anomalías en el manejo de fideicomisos y señalar a exdirectivos bancarios por el uso indebido de información confidencial.
De acuerdo con Quintanilla Hernández, uno de los nombres vinculados a estos hechos es el de Roberto Pérez Estrada, exdirectivo de alto nivel de CI Banco. Según su versión, el acceso privilegiado a información de clientes permitió la articulación de mecanismos que afectaron el patrimonio de diversos inversionistas, incluido el suyo, y que posteriormente derivaron en litigios de carácter civil.
El empresario explicó que, tras exponer estas irregularidades, se activaron procesos judiciales que han sido prolongados y utilizados como instrumentos de presión legal.
Subrayó que ninguno de estos asuntos ha derivado en sentencias firmes ni en resoluciones que acrediten responsabilidad penal en su contra, pese a que el caso ha sido presentado públicamente como si se tratara de un conflicto criminal.
Quintanilla Hernández señaló que el fondo de la controversia es patrimonial y financiero, y que los litigios buscan dirimir la legalidad de operaciones vinculadas al manejo de fideicomisos. En ese contexto, sostuvo que las disputas deben analizarse desde una óptica civil y administrativa, y no como delitos, como se ha intentado posicionar en algunos espacios.
El empresario también contextualizó el caso dentro de un entorno más amplio de investigaciones abiertas en Estados Unidos relacionadas con operaciones financieras irregulares vinculadas a la institución bancaria. Precisó que dichos procedimientos continúan en curso y que corresponderá a las autoridades determinar si existen responsabilidades adicionales.
Por último, Quintanilla Hernández aclaró que su relación con Transportes Unidos Mexicanos se limita a su calidad de accionista y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en México y Estados Unidos. Sostuvo que su objetivo es que los procesos legales se conduzcan con apego a derecho y que se esclarezca el presunto despojo patrimonial sin distorsiones mediáticas ni judiciales.
