La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el llamado Plan B de la reforma electoral durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con un enfoque central: reducir privilegios en el sistema político y fortalecer la participación ciudadana.
La iniciativa surge tras no alcanzar la mayoría necesaria para modificar la Constitución, por lo que ahora se plantea una serie de ajustes legales y administrativos que buscan disminuir el gasto público en materia electoral.
¿Cuál es el objetivo principal del Plan B electoral?
El eje de la propuesta es la austeridad republicana, bajo la premisa de que los recursos públicos deben utilizarse con eficiencia.
En ese sentido, se busca recortar gastos considerados excesivos dentro de instituciones electorales, partidos políticos y gobiernos locales, con la intención de redirigir esos recursos a obras de infraestructura y programas sociales.
Además, se plantea ampliar los mecanismos de participación ciudadana, como la revocación de mandato.
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Sheinbaum enviará al Congreso el Plan B para reducir gasto político: propone reorientar recursos a obras públicas
Reducción de privilegios y salarios
Uno de los cambios más relevantes es que ningún funcionario electoral podrá ganar más que la presidenta de México.
Esto incluye a consejeros del INE, magistrados y funcionarios de organismos electorales locales. También se propone eliminar beneficios adicionales como bonos, seguros privados y otros ingresos extraordinarios.
La medida busca homologar salarios y evitar lo que el gobierno considera excesos en el servicio público.
Cambios en municipios y congresos locales
El Plan B también contempla ajustes en la estructura de los gobiernos locales.
Se propone limitar el número de regidores en los ayuntamientos, estableciendo un rango de 7 a 15 integrantes, así como una sola sindicatura por municipio.
En el caso de los congresos estatales, se plantea un tope presupuestal equivalente al 0.7% del presupuesto total de cada entidad, con el objetivo de contener el gasto legislativo.
Nuevas reglas en procesos electorales
Otro punto clave es modificar el inicio del cómputo de votos. La propuesta indica que el conteo comenzaría de forma inmediata tras el cierre de casillas, en lugar de esperar varios días, con el fin de evitar posibles irregularidades.
Asimismo, se plantea fortalecer la fiscalización, permitiendo al INE coordinarse con autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar el origen de los recursos en campañas.
Mayor control a partidos políticos
En cuanto a los partidos, se busca que reporten sus finanzas en tiempo real mediante sistemas bancarios, además de transparentar los salarios de sus dirigentes.
También se prohíbe el uso de recursos de origen ilícito, aportaciones en efectivo o financiamiento extranjero en campañas.
Revocación de mandato más flexible
La iniciativa plantea ampliar los periodos para solicitar la revocación de mandato presidencial, permitiendo que se realice en el tercer o cuarto año de gobierno, dependiendo de la solicitud ciudadana.
Con ello, se pretende dar mayor margen a la ciudadanía para evaluar el desempeño del Ejecutivo.
Postura del gobierno federal
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la propuesta y reiteró que su administración insistirá en reducir el gasto electoral, incluyendo el presupuesto de partidos.
Aunque reconoció que no se logró una reforma constitucional, afirmó que el Plan B representa un avance para ajustar el sistema electoral a una política de menor costo y mayor control ciudadano.
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