Amnistía Internacional (AI) exhortó al Estado mexicano a aceptar apoyo técnico internacional para enfrentar la crisis de desapariciones en el país, en medio del debate generado por el reciente pronunciamiento de organismos de Naciones Unidas sobre la situación.
La organización manifestó su preocupación tras la respuesta del Gobierno de México, que descalificó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Este organismo decidió elevar el caso mexicano a la Asamblea General en carácter urgente, lo que AI calificó como un hecho relevante a nivel internacional.
Amnistía pide cooperación internacional ante crisis de desapariciones
En su posicionamiento, la organización destacó que la crisis de desapariciones afecta a más de 132 mil familias en México, por lo que consideró indispensable fortalecer los mecanismos de búsqueda e investigación con apoyo externo.
Amnistía subrayó que reconocer avances institucionales no excluye la necesidad de atender las observaciones internacionales, e insistió en que las víctimas deben ser el eje central de cualquier estrategia gubernamental.
Entre las recomendaciones planteadas, se encuentra la apertura a cooperación técnica, financiamiento y asistencia especializada en áreas como análisis forense, búsqueda de personas y esclarecimiento de casos.
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ONU eleva caso mexicano a revisión global
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada decidió someter la situación de México a consideración de la Asamblea General, lo que implica un nivel de atención internacional mayor.
El organismo ha documentado cientos de acciones urgentes relacionadas con desapariciones en el país, lo que coloca a México como uno de los principales focos de preocupación a nivel global en esta materia.
Además, se ha planteado la necesidad de establecer mecanismos más eficaces para garantizar la verdad, justicia y protección a las familias afectadas.
Gobierno rechaza informe y defiende avances
Por su parte, el Gobierno de México ha cuestionado el contenido del informe, al señalar que presenta sesgos y omite acciones recientes implementadas para atender el problema.
Desde el Gobierno federal se ha señalado que el documento se centra en periodos anteriores y no refleja completamente las medidas adoptadas por la actual administración. También indicó que no existen elementos que prueben una política sistemática de desapariciones por parte del Estado.
El intercambio de posturas entre organismos internacionales y autoridades mexicanas refleja la complejidad del tema, que continúa siendo uno de los principales retos en materia de derechos humanos en el país.
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