La familia de la activista y abogada Cecilia Monzón celebró este miércoles el fallo condenatorio contra el político Javier López Zavala, declarado culpable por el delito de feminicidio ocurrido en mayo de 2022 en el estado de Puebla.
La resolución fue emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento con Perspectiva de Género con Competencia Estatal, mientras que la audiencia de individualización de la pena quedó programada para el próximo 31 de diciembre.
Condena histórica por el feminicidio de Cecilia Monzón
En un comunicado, la familia Monzón calificó la decisión judicial como “histórica”, al destacar que el tribunal aplicó perspectiva de género y valoró de manera individualizada la responsabilidad penal de los imputados con base en las pruebas desahogadas durante el juicio.
López Zavala, expareja de la activista y excandidato a la gubernatura de Puebla en 2010, fue señalado como autor intelectual del crimen.
De acuerdo con la determinación judicial, López Zavala planificó el feminicidio y proporcionó los medios materiales a Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas Ramírez, quienes ejecutaron el ataque armado y dispararon contra Monzón en múltiples ocasiones, provocando su muerte.
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La condena se alcanzó tras un juicio oral iniciado en abril de 2025, que acumuló más de 80 audiencias, pese a los recursos legales interpuestos por la defensa para retrasar el procedimiento. La familia subrayó que el proceso se condujo conforme a derecho y con enfoque de género.
Pena máxima y reconocimiento institucional
La representación legal adelantó que solicitará la pena máxima de hasta 60 años de prisión para cada uno de los responsables, conforme al Código Penal de Puebla vigente al momento de los hechos.
Asimismo, la familia agradeció el trabajo de la Fiscalía General del Estado, así como el respaldo del Gobierno de Puebla, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, el consulado de España en México y organizaciones civiles que acompañaron el caso.
Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula. Dedicó su vida a la defensa de mujeres víctimas de violencia y a visibilizar las fallas del sistema de justicia.
Días antes de su asesinato, había acudido a la Fiscalía para exigir el cumplimiento de una pensión alimenticia. Su caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia feminicida y de la exigencia de justicia en México.
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