El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un tribunal federal en Nueva York rechazar la apelación presentada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, al considerar que existen pruebas suficientes que acreditan su relación con el crimen organizado.
En un documento extenso, la dependencia estadounidense sostuvo que el proceso judicial que derivó en la sentencia contra el exfuncionario fue sólido y sustentado en evidencia que, según su argumento, demuestra su participación en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.
EU sostiene que pruebas contra García Luna son concluyentes
De acuerdo con la postura del Departamento de Justicia, durante el juicio —que se prolongó por varias semanas— se presentaron elementos que acreditan que García Luna habría recibido sobornos millonarios por parte de una organización criminal en México.
Las autoridades señalaron que el exfuncionario utilizó su posición dentro de las instituciones de seguridad para beneficiar a grupos delictivos, lo que derivó en su condena por cargos como narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio.
Por ello, la fiscalía estadounidense considera que no hay fundamentos suficientes para revertir la sentencia dictada en su contra.
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Defensa alega irregularidades en el proceso
Tras su condena, que supera las tres décadas de prisión, García Luna promovió una apelación en la que argumenta que el juicio estuvo basado en testimonios de criminales que, según su defensa, no fueron debidamente corroborados.
En ese sentido, sus abogados han insistido en que existieron violaciones al debido proceso, lo que, desde su perspectiva, justificaría la revisión del caso.
Sin embargo, el gobierno estadounidense mantiene que los elementos probatorios fueron consistentes y suficientes para sustentar el fallo.
Tribunal deberá definir el futuro del caso
Con la solicitud presentada por el Departamento de Justicia, ahora corresponde al tribunal evaluar si procede o no la apelación del exfuncionario mexicano.
La defensa de García Luna cuenta con un plazo establecido para responder a los argumentos de la fiscalía, lo que marcará el siguiente paso en el proceso legal.
El caso continúa generando atención tanto en México como en Estados Unidos, debido al impacto político y judicial que implica la condena de uno de los exfuncionarios de seguridad más relevantes en años recientes.
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